La Abogacía cuestiona la constitucionalidad de las nuevas tasas judiciales

Madrid, 28 sep.- El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ve en riesgo la constitucionalidad del proyecto de ley de tasas judiciales debido a la "exagerada cuantía del tributo" o a su ampliación al orden jurisdiccional social, tradicionalmente excluido.

La Abogacía española ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso su propuesta de enmiendas al proyecto de ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología.

El Consejo General recuerda la sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de este tributo "si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos no razonables".

En un comunicado, la Abogacía española rechaza la implantación de nuevas tasas judiciales porque tienen un "efecto disuasorio" en numerosos casos, imposibilitan el acceso a la justicia y suponen "un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva".

Para el CGAE, las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y "no el sistema de asistencia jurídica gratuita".

La justicia gratuita da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos y apenas supone el 6,5 por ciento del gasto en Justicia de las Administraciones Públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones (datos de 2010) que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.

Con las cifras que aparecen en la memoria de la norma como posibles ingresos totales por la tasa se alcanzan los 400 millones de euros, lo que hace suponer que existirá un importante excedente.

Si los ingresos por la tasa llegaran a cubrir holgadamente el coste del servicio, "deberían acometerse mejoras en el propio servicio y no integrar sin más el excedente en el Tesoro Público", según la Abogacía.

El CGAE resalta que el derecho a la defensa resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de justicia gratuita.

Además, el Consejo manifiesta que "se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la justicia gratuita, el último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza".