La Abogacía denuncia cuatro años de "injusticias" con los desahucios

Madrid, 15 nov.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha indicado hoy que las nuevas normas sobre el problema de los desahucios que apruebe hoy el Consejo de Ministros llegan "tarde", después de, como poco, cuatro años cometiéndose "injusticias".

"El Gobierno tiene muchísimos motivos para tomárselo en serio y el primero y fundamental es la realidad social", ha indicado Carnicer tras intervenir en una jornada sobre víctimas de trata de seres humanos.

En este sentido, ha citado el artículo 3 del Código Civil, que obliga a todos, también al Gobierno y a los jueces, a interpretar las normas conforme a la realidad social, independientemente de cuándo fueron dictadas.

"La realidad social creo que es para preocuparnos no sólo a los abogados, sino a toda España, especialmente al Gobierno, que es quien tiene que resolver esto", ha enfatizado.

A su vez, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, espera que las medidas que apruebe el Gobierno puedan paliar la situación de muchas familias que en este momento están gravemente preocupadas "con todo motivo" porque pueden ser "expulsadas" de sus domicilios.

A falta de conocer los detalles, Becerril ha instado la colaboración de otras muchas instancias, del Consejo General de la Abogacía, de la propia institución del Defensor del Pueblo, incluso de la dirección de las entidades bancarias para que se resuelva esta cuestión.

"Lo importante es que resolvamos casos de las familias en momentos muy difíciles y de mucha angustia, manteniendo siempre -ha defendido- el compromiso general de los deudores: el de pagar las deudas, que es una garantía jurídica y del Estado de Derecho, pero con suma atención, apoyo y ayuda a quienes no puedan de buena fe".

Becerril ha manifestado a los periodistas alegría por las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE y porque las medidas que apruebe el Consejo de Ministros se tramiten como proyecto de ley para que puedan incorporarse otras propuestas, además de recordar que el Defensor ya constató este problema en 2010 con recomendaciones paliativas y preventivas.

Carnicer ha recordado una comunicación de la abogada general del Tribunal Europeo de Justicia que asegura, a una pregunta de un juzgado mercantil de Barcelona, que España "no está respetando" la legislación comunitaria sobre consumidores y usuarios.

"Eso debe ser suficiente -ha asegurado Carnicer- como para que se suspendan todos los procedimientos que están en marcha, pero veríamos con sumo agrado que se dictasen normas específicas para que esa moratoria (de los desahucios) sea también en aplicación de una norma española".

Ha advertido de que hace años ya se levantaron voces, también la del Defensor del Pueblo, para advertir de que la legislación hipotecaria y de enjuiciamiento civil en lo relativo a este asunto era "muy anticuada, de principios del siglo XX" y era necesario y urgente actualizarla.

Ha indicado que la solución la piden no solo los jueces, sino "todo el frente jurídico español", incluidos los colegios de abogados, con 37 sedes en toda España de asesoramiento, mediación y defensa.

Hay muchos ciudadanos, ha explicado, que no se han personado en la causa en la que se les reclama el crédito hipotecario sencillamente porque su situación personal es "muy mala, es inestable y porque desconfían absolutamente de todo".

La Abogacía ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias un escrito dirigido al órgano judicial competente para pedir la suspensión inmediata del desahucio de una vivienda sujeta al préstamo hipotecario.