La Audiencia cita al "Boca" para que informe sobre su lugar de residencia

Huelva, 6 abr.- La Audiencia Provincial de Huelva ha citado para el próximo lunes a José Franco de la Cruz, alias el "Boca", quien el pasado martes salió de la cárcel tras cumplir 21 de los 44 años a los que fue condenado por el asesinato y la violación de la niña Ana María Jerez Cano, para que informe sobre su lugar de residencia.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el objetivo de la comparecencia es que el "Boca" diga al tribunal dónde fijará su domicilio a efecto de notificaciones y de poder comprobar que no incumpla la orden de alejamiento que le impide vivir en Huelva, lugar de residencia de la familia de la víctima, durante los próximos seis años.

A pesar de que la comparecencia no es obligatoria, la Audiencia ha hecho llegar una notificación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que le localicen antes del lunes y pueda facilitar la información que se le solicite.

El pasado lunes, la madre de Ana María Jerez, Adoración Cano, solicitó en la Audiencia de Huelva, después de que ésta le denegara la aplicación de la doctrina Parot, que habría mantenido al "Boca" en la cárcel hasta 2021, que se le facilitara una foto actual de José Franco y su lugar de residencia.

Cano, en declaraciones a Efe, ha mostrado su "sorpresa e indignación" porque se haya dejado salir al "Boca" de la cárcel sin conocer dónde va a fijar su residencia y, apenas una semana después, "lo hagan venir a Huelva contraviniendo la orden de alejamiento y malgastando recursos materiales y personales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en buscarlo.

Tras la salida de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera el pasado martes sin mostrar arrepentimiento y asegurando que ha estado 21 años en la cárcel "por la cara", la Audiencia Provincial también ha ordenado una investigación sobre el patrimonio del "Boca" para determinar si ha sufrido alguna alteración desde que en 1993 ingresara en prisión.

Con ello, se pretende determinar si puede hacer frente al pago de la indemnización de 90.000 euros a la familia de la víctima que fijaba la sentencia y para lo que se declaró insolvente hace 21 años.