La Audiencia de Alicante recibe el recurso sobre las escuchas del caso Brugal

Alicante, 16 dic.- La sección primera de la Audiencia de Alicante ha recibido el recurso de apelación sobre las escuchas policiales del 'caso Brugal' referentes al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.

El titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, desestimó los recursos interpuestos contra las escuchas policiales realizadas para esclarecer la supuesta trama del 'caso Brugal', en lo relativo al PGOU de Alicante, y ahora los abogados defensores de las partes han recurrido, han informado hoy fuentes de la Audiencia Provincial en un comunicado.

El pasado mes de octubre, el citado juzgado validó las escuchas policiales que descubrieron las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU de la ciudad, asunto en el que el fiscal implica a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

En un auto, el juez Tejada desestimó el recurso de reforma presentado por el considerado principal beneficiario de las presuntas irregularidades, el constructor Enrique Ortiz, al cual se adhirieron varios imputados más, entre ellos su esposa.

El juez consideró que no es éste el momento judicial oportuno para plantear la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional con el argumento de los recurrentes de que se violan sus derechos fundamentales.

En cambio, dictaminó en el auto que "el momento procesal lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", lo cual podría ocurrir en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, al ser ambos diputados autonómicos.

Además de Ortiz y su esposa, María Manuela Carratalá, también presentaron recursos de reforma contra las escuchas los dos socios del bufete de abogados Salvetti, el exconcejal socialista Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante), a quienes la investigación atribuye funciones de presentar y resolver alegaciones al PGOU.