Madrid, 22 may.- El pleno de la Audiencia Nacional ha aplazado al 6 de junio su decisión acerca de si el caso Couso que instruye el juez Santiago Pedraz debe continuar abierto tras la reforma de la justicia universal o si debe ser remitido a la Sala para que sea este órgano el que resuelva al respecto.
En principio estaba previsto que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiaría este viernes la cuestión, pero la ausencia de varios magistrados que lo integran por encontrarse celebrando juicios ha motivado que se deba posponer a ese día, han informado fuentes jurídicas.
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya se reunió el pasado 9 de mayo para tratar este asunto sobre el que ya empezó a deliberar, pero decidió seguir estudiándolo y pospuso su decisión para este viernes y ahora la vuelve a aplazar al 6 de junio.
La decisión que adopte el pleno en relación a esta causa, sobre la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, es de trascendencia porque determinará si sobre la reforma de la ley de justicia universal prevalece, tal y como sostiene Pedraz, el convenio de Ginebra como tratado internacional de obligado cumplimiento.
Los magistrados tienen sobre la mesa el recurso de queja de la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de seguir instruyendo este caso tras la entrada en vigor de la reforma, al considerar que sobre esa norma, que obliga a archivar este tipo de causas de forma retroactiva, prevalece la Convención de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.
A juicio de la Fiscalía, es el pleno y no el juez el que debe decidir si cabe archivar la causa tal y como propugna la disposición transitoria de la reforma o si cabe recurso de inconstitucionalidad a la misma, por lo que subraya "la manifiesta y palmaria falta de competencia funcional del instructor" para decidir al respecto.
En respuesta al duro recurso de queja que interpuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra su decisión de mantener abierto el sumario, Pedraz elevó a la Sala un informe en el que observa contradicciones entre esta Fiscalía y la de Antidroga a la hora de aplicar convenios internacionales en casos a los que ha afectado la reforma.
Según el juez, mientras la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza no ve superior la Convención de Ginebra a la reforma de la justicia universal, en el caso de narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales, Antidroga sí considera que prevalece el Convenio de Viena sobre colaboración internacional en estos delitos.
Esta misma semana, Pedraz ha rechazado también archivar la causa en la que investiga el genocidio maya y el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980 porque la calificación de los hechos como terrorismo la salva del cierre que propugna la reforma.
Además del terrorismo, el juez considera que la causa se debe seguir instruyendo también, más allá de que haya o no víctimas españolas como establece la nueva norma, por los delitos conexos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de género, torturas, asesinato y detenciones ilegales porque el objeto de la investigación no son los delitos sino los hechos: el genocidio maya en Guatemala en el que se calcula fueron asesinados 250.000 indígenas y se produjeron 1.475 violaciones.
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