La audiencia nacional archiva la causa contra los ocho activistas de greenpeace que se encaramaron al congreso

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha archivado la causa abierta contra los ocho activistas de Greenpeace que el pasado 9 de mayo escalaron la fachada del Congreso de los Diputados al concluir que no cometieron con su acción reinvidicativa un delito contra las altas instituciones del Estado.
“No habiendo quedando debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa procede sobreseerla provisionalmente”, señala Gómez Bermúdez en el auto de archivo dictado hoy.
El fiscal encargado del caso, Luis Barroso, solicitó al magistrado este lunes archivar la causa por no ver delito alguno, “al no resultar debidamente justificada la perpetración de una infracción perseguida penalmente”. Fue la Policía Nacional la que decidió trasladar a los ocho detenidos a la Audiencia Nacional y no a los juzgados ordinarios al atribuirles el citado delito.
La Fiscalía señaló que “no consta que la intención de los activistas de Greenpeace fuera el invadir la sede del Congreso, al ocurrir los hechos en el exterior” y que tampoco consta que “la invasión fuera a producirse con fuerza, violencia o intimidación, ni que se haya alterado el normal funcionamiento de la sesión plenaria celebrada ese día en el Congreso de los Diputados”.
Los activistas, según la Fiscalía, tampoco intentaron “penetrar en la sede del Congreso portando armas y otros instrumentos peligrosos”.
MEDIDAS CAUTELARES
Gómez Bermúdez decidió el pasado 9 de mayo dejar en libertad a los ochos activistas detenidos, aunque les impuso la obligación de comparecer mensualmente ante los juzgados.
Los detenidos participaron en la acción en la que tres de ellos se encaramaron a lo alto de la fachada principal del Congreso para desplegar una pancarta contra la modificación de la Ley de Costas, que fue aprobada ese mismo 9 de mayo. En la pancarta se podía leer “El PP vende nuestra costa”. Los otros cinco activistas arrestados, de forma paralela, desplegaron otra pancarta en la acera, frente a la Cámara Baja.
Después de interrogar y dejar en libertad a los ocho detenidos, el juez Gómez Bermúdez pidió al presidente del Congreso, Jesús Posada, que le informase de si la acción de protesta había alterado el funcionamiento de la Cámara Baja.