La audiencia nacional avala la investigación sobre el patrimonio de sepúlveda y mato

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado las investigaciones ordenadas por el juez Pablo Ruz para determinar el origen del patrimonio del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y de su antigua mujer, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en concreto, ha desestimado el recurso interpuesto por Sepúlveda contra las pesquisas ampliatorias ordenadas por Ruz sobre su patrimonio. El juez solicitó en febrero pasado a la Agencia Tributaria que ampliase los informes sobre “el origen de los fondos con que abonaron los viajes y eventos familiares cuya irregular percepción se le atribuye”.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había revelado poco antes, en base a la documentación contable de la ‘Gürtel’, que la trama de corrupción había pagado a Sepúlveda y Mato los gastos de varias fiestas familiares entre 2001 y 2005, como cumpleaños o la comunión de uno de sus hijos.
A lo largo del mes de marzo se destapó que, además, Sepúlveda había recibido más de medio millón de euros por parte de la trama liderada por Francisco Correa entre 1998 y 2005 a cambio de “contratos públicos que se habrían adjudicado irregularmente”.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
La representación procesal de Sepúlveda recurrió la investigación ampliatoria ordenada por el instructor del ‘caso Gürtel’ al considerarla “innecesaria, reiterativa e inútil”. El exalcalde de Pozuelo argumentó que ya había quedado acreditado que no cometió ningún delito fiscal –ya que ninguna de sus defraudaciones superó el tope legal de 120.000 euros- y acusó a Ruz de querer “dilatar indebidamente el procedimiento”.
La Sección Cuarta de lo Penal rechaza estos argumentos y señala que a Sepúlveda no solo se le investiga por presuntos fraudes a Hacienda si no que, más importante aún, “por actos de posible corrupción” como el cohecho y la prevaricación.
“Resulta plenamente pertinente y necesaria la diligencia de investigación”, señala el auto dictado hoy por el tribunal.
La resolución ha contado con la oposición de la magistrada Ángela Murillo, quien ha dictado un voto particular discrepante en el que señala que, al tratarse de un procedimiento abreviado, la ampliación de la prueba podría haberse solventado citando a declarar en el juicio a los peritos de la Agencia Tributaria para que aclarasen su informe inicial.