Madrid.- La Audiencia Nacional estudiará el jueves si prorroga la prisión del dirigente de Batasuna Karmelo Landa al cumplirse el plazo máximo de dos años de prisión preventiva desde su detención en 2008, y que está pendiente de ser juzgado en relación con la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas".
El tribunal de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional -compuesto por los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado y el ex portavoz del Poder Judicial Enrique López- decidirá si amplía la prisión de Landa, ya que en los casos de terrorismo es posible prorrogar esta medida dos años más.
El pasado mes de septiembre los magistrados prorrogaron otros dos años la prisión de Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, detenidos en 2007 y que se encuentran, al igual que Landa, pendientes de ser juzgados por la misma causa.
Sin embargo, la sala dejó en libertad al histórico dirigente de Batasuna Rufino Etxeberria al cumplirse el límite máximo de cuatro años de prisión preventiva, si bien le retiró el pasaporte y le fijó comparecencias semanales en el juzgado.
Etxeberria ingresó en prisión por primera vez el 2 de mayo de 2002 y estuvo en la cárcel hasta el 22 de abril de 2004, cuando la abandonó tras pagar una fianza de 30.000 euros, y posteriormente, el 4 de octubre de 2007, fue arrestado mientras participaba en una reunión celebrada en Segura (Guipúzcoa) para renovar la Mesa Nacional de Batasuna.
Los 41 procesados en esta causa, entre los que destaca Arnaldo Otegi, se encuentran pendientes de juicio desde que el juez Baltasar Garzón concluyera, el 1 abril del pasado año, este sumario (el 35/02), que abrió en 2002 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA y que derivó en la ilegalización de la formación abertzale.
Para la celebración del juicio, que se calcula pudiera celebrarse después del verano, falta todavía la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía y los de las defensas, lo que impide que la sala señale el comienzo de la vista oral, en la que los acusados se enfrentarán a penas que pueden oscilar entre diez y catorce años de cárcel por integración en ETA.
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