La sección segunda de la sala de lo penalde la Audiencia Nacional ha ordenado al juez BaltasarGarzón quepractique nuevas pruebas en la causa abierta sobre el "chivatazo"que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contrasu red de extorsión en 2006.
Así lo ha acordado en un auto en el que sostiene que Garzón debellamar a declarar a tres policías que participaron en lainvestigación, entre ellos dos miembros de la Brigada Provincial deSan Sebastián a los que identifica como "Unai" y "Sugoi", así comosolicitar a Francia documentación relativa al tráfico de llamadasprocedentes de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán,Joseba Elosua, realizó las llamadas.
También pide a las autoridades galas otra documentación relativaa las "observaciones telefónicas que se realizaron a Calau Aldanur-miembro del aparato de extorsión de ETA-, tanto del teléfono fijocomo del móvil"
La sala prosigue afirmando que los hechos son constitutivos de undelito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada,"hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerposde Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en lahistoria de la lucha contra el terrorismo en España".
"Y esto tiene que ser tenido en cuenta, a la hora de agotar lainvestigación hasta los extremos que sean necesarios", asegura.
A ello añade que "parece que el círculo de posibles autores estáy debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, poruna u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimientode la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2004".
De esta forma, el tribunal, compuesto por los magistradosÁngelLuis Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López(ponente) ha accedido a practicar algunas de las diligencias quepidió la asociación Dignidad y Justicia -personada junto a laAsociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la causa comoacusación popular-.
Garzón aceptó el pasado mes de noviembre antes de decidir siarchiva o no la investigación abierta que se practicara un análisispericial de la cinta de vídeo que la Policía grabó en el bar Faisán,pero rechazó otras porque consideró que la actuación de los policíasfue "exhaustiva" y "difícilmente superable".
No obstante, según el tribunal, "la naturaleza de los hechosinvestigados (...) aconsejan un especial celo y diligencia en suinvestigación, más allá de toda duda, y un agotamiento más allá delo normal o de lo usual".
Mientras, la Fiscalía solicitó el pasado mes de octubre elarchivo de la causa al considerar que tres años después de iniciarla investigación no se ha averiguado quién fue el responsable.
Sin embargo, el tribunal entiende que el Ministerio Público,"para desvirtuar la hipótesis investigadora" basada en el informepolicial sobre las llamadas realizadas determinó que "no concurrenclaros indicios incriminatorios" que acrediten la participación deninguna persona, "y menos los imputados de la causa".
Argumenta la sala que la investigación apunta por ello "en otradirección" que no ha sido objeto de análisis, ni por parte de laFiscalía, ni por la de la Policía Judicial no por la del instructor.
En este procedimiento se investiga la filtración llevada a cabopor una persona que el 4 de mayo de 2006 advirtió al propietario delbar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de queestaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía serarrestado ese mismo día.
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