La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) asegura tener pruebas de que la salida de Bolinaga de prisión no cumplió los trámites preceptivos establecidos. En concreto, denuncia que los dos forenses de la Audiencia Nacional Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara, que firmaron el informe que permitió seguir fuera de prisión a Iosu Uribetxeberria Bolinaga, no reconocieron previamente al terrorista.
Según explican desde la AVT, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que dio por bueno el informe, llamó a los forenses a que reconocieran al terrorista, pero este no quiso someterse a su observación.
Para avalar su denuncia pública, la AVT presentará ante el Colegio de Médicos un contrainforme que pretende desbaratar los argumentos supuestamente científicos del documento suscrito por Santos y Ladrón de Guevara y que ha sido elaborado por profesionales vinculados a la asociación.
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Pero la AVT no es la única que ha puesto en duda la calidad del informe elaborado por el Instituto de Médicina Legal adscrito a la Audiencia Nacional y realizado por los dos citados especialistas. El fiscal Pedro Rubira, por su parte, ya se quejó el pasado octubre del informe elaborado por los forenses. De hecho, pidió que se ampliara porque era "impreciso e insuficiente" y "no respondía con claridad a las cuestiones planteadas", como el cálculo de la esperanza de vida.
"No aporta datos objetivos concretos sobre la evolución de la metástasis ni tampoco sobre los síntomas específicos de la enfermedad, aspectos ambos esenciales para la determinación del pronóstico vital", aseguró el representante del Ministerio Público en un escrito dirigido al juez Castro. Según Rubira, ya habían transcurrido 14 meses desde los primeros pronósticos realizados en agosto de 2012 y se habían superado todas previsiones sobre expectativa de vida. Ahora, explicó, "se da un pronóstico vital superior a los tres o cuatro meses de supervivencia sin explicar los datos objetivos que permiten obtener dicha conclusión".Bolinaga fue condenado en 1998 por la Audiencia Nacional a 32 años de cárcel por participar en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Un año después, el mismo tribunal le sentenció a otros 33 años por el atentado que causó la muerte de dos guardias civiles en Oñate en 1987. En 2000, la Audiencia volvió a condenarle a 33 años más por el asesinato de otro funcionario del instituto armado perpetrado en 1983 y a otros 50 por pertenencia a banda armada y participar en la construcción del zulo donde ETA encerró a Ortega Lara y a Julio Iglesias Zamora.Te interesa: El Gobierno estudia medidas para evitar que los terroristas se infiltren en las aulas
Por otro lado, la AVT ha informado que el próximo 28 de diciembre visitará los pueblos de varios asesinos de ETA con el fin de colocar un ramo de flores en los lugares donde se cometieron atentados de la banda terrorista. Entre estas localidades, las víctimas se concentrarán en Mondragón, municipio de Bolinaga, además de en Elorrio y Durango.
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