La cam pide seis años de cárcel para su antiguo director general

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a través de la representación procesal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha solicitado a la Audiencia Nacional que condene a seis años de cárcel al ex director general de la entidad Roberto López Abad y a diez años de prisión al que fuera presidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y por la concesión a este último de créditos por valor de 17 millones de euros.
La CAM, en el escrito de acusación remitido al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, atribuye a Avilés delitos de administración desleal y apropiación indebida, según informaron fuentes jurídicas. El organismo acusa a López Abad de un delito de administración desleal.
Esta petición se produce después de que el instructor dictase el pasado 9 de enero un auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra López Abad y Avilés, dejándoles de esta forma al borde del banquillo de los acusados.
Gómez Bermúdez investigó estas dietas y créditos presuntamente irregulares en una de las piezas separadas abiertas en relación con la gestión de la CAM. La causa se centró en los créditos –algunos con fondos públicos- concedidos por la entidad a Avilés, quien supuestamente destinó el dinero a fines para los que no estaban autorizados.
En la causa principal están imputados cinco exdirectivos de la CAM, entre ellos la ex directora general Dolores Amorós, por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas. Además de Amorós, están encausados los exdirectivos Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Modesto Crespo y el propio López Abad.
Las diligencias contra los antiguos responsables de la entidad bancaria se abrieron en noviembre de 2011, cuando la Audiencia Nacional admitió la denuncia presentada por cerca de 500 afectados por las participaciones preferentes.
Tras la intervención, que tuvo lugar pocos meses después de que la entidad anunciase unos beneficios de 38,9 millones de euros, se destaparon diversas irregularidades, como la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.