El PP culpa al PSOE de hacer una cárcel que no hacía falta y los socialistas señalan a los recortes de los populares. Sin embargo, una sola es la causa de que la construcción del centro penitenciario de Archidona (Málaga II) haya costado 117 euros y sus instalaciones aún permanezcan cerradas más de un año y medio después. Falta una política penitenciaria de Estado. Así lo entiende el responsable de Relaciones Institucionales del sindicato Acaip, José Antonio Gutiérrez.
El anterior Gobierno construyó el centro penitenciario al comienzo de la crisis y sin contar con el partido de la oposición, que luego vino y decidió terminar la obra, aunque también paralizar la puesta en marcha de la prisión, debido al importante coste que supone la inversión en el personal necesario y en los servicios que rodean a una instalación de este tipo plenamente operativa (limpieza, electricidad, comidas, gas, agua, seguridad, etc.).
Ahora, el Ejecutivo gasta anualmente más de tres millones de euros en la vigilancia y el mantenimiento del centro con el fin de que nadie acceda a las instalaciones y las dañe.
Según Gutiérrez, no hay dotación presupuestaria para poner en marcha la prisión, pero es que tampoco hay personal suficiente, debido a la escasa oferta de empleo público que ha habido desde que comenzó la crisis. "Este año apenas ha habido 70 plazas; eso no cubre ni las jubilaciones", destaca el portavoz de Acaip.Sin fecha a la vista
El actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha dicho en varias ocasiones públicamente que no existe una fecha concreta para la apertura del centro malagueño.
En situación parecida a la de la cárcel de Archidona se encuentra el módulo de madres de la prisión de Fontcalent (Alicante II), que está listo para ser utilizado desde hace tres años, pero que nunca ha abierto sus puertas teóricamente también por falta de personal y de dotación presupuestaria.
En este último caso, el departamento se encuentra dividido en pequeños apartamentos amueblados que cuentan incluso con todos los electrodomésticos instalados. También en el centro alicantino existe vigilancia privada contratada para evitar destrozos u otro tipo de daños en el inmueble.
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