La CEP no descarta acciones legales para proteger al comisario expedientado

Madrid, 18 abr.- La Confederación Española de Policía (CEP) no ha descartado hoy emprender acciones legales para proteger el "honor y la imagen" del comisario Agapito Hermes, a quien se ha abierto expediente disciplinario por investigar presuntamente de forma "ilegal" al vicepresidente de Madrid, Ignacio González.

La Dirección General de la Policía ha anunciado hoy en un comunicado el relevo de Hermes, hasta ahora comisario de Marbella y que será destinado como segundo jefe en una Comisaría de Distrito de Madrid.

En una nota, la CEP niega de forma tajante que el comisario expedientado cometiera "delito o irregularidad alguna" y acusa al Ministerio del Interior de "despreciar la verdad" si mantiene lo contrario.

El sindicato reprocha al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aireara de forma "irresponsable" la investigación abierta por la Unidad de Asuntos Internos, pretendiendo "culpar" por ello a un comisario "que sólo cumplió con sus obligaciones legales".

"Pretender, como hace Interior, que una investigación policial sea ilegal o irregular por el hecho de no partir de una orden de la autoridad judicial es un despropósito que no se sostiene ni medio minuto", subraya la CEP.

El sindicato ha negado también que el comisario Hermes sea un "cargo de confianza" de la anterior cúpula policial y que éste investigara ilegalmente al vicepresidente madrileño, Ignacio González.

"Las gestiones realizadas por los funcionarios de la Comisaría Local de Marbella no se centraron en investigar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sino en averiguar la titularidad de una propiedad inmobiliaria situada en aquel término municipal. El matiz, en este caso, es relevante", señala.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha reconocido a Efe que pudo haber alguna "irregularidad administrativa" en la investigación sobre Ignacio González, pero en ningún caso una ilegalidad, como aseguró el ministro del Interior.