Washington, 18 jul.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos) pidió hoy "acciones concretas" e investigaciones "efectivas" al Gobierno hondureño para evitar más asesinatos de periodistas como el reciente de Nery Jeremías Orellana, de 26 años.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de Orellana, ocurrido el 14 de julio en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira, que supone el decimotercero desde el golpe de estado de junio de 2009.
Para la Relatoría Especial es "imprescindible" que el Estado hondureño "demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados", indicó en un comunicado.
La CIDH exhortó a las autoridades a realizar una investigación "diligente" y "exhaustiva" en la que se tenga en cuenta que las "constantes" denuncias de violaciones a los derechos humanos que hizo Orellana desde la radio comunitaria que dirigía pudieron ser la causa del homicidio.
Orellana, director de la emisora Radio Joconguera y corresponsal de la radio comunitaria Radio Progreso, viajaba en motocicleta hacia la radio cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces en la cabeza.
El periodista había abierto espacios en su emisora a programas de la Iglesia católica y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y había mantenido una posición crítica hacia el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
La CIDH recordó que desde entonces ha contabilizado el asesinato de trece periodistas y mostró su "preocupación" por la "ausencia de avances significativos" para aclarar los hechos.
"En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo", lamentó la CIDH que subrayó que es "obligación" del Estado "adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios".
El organismo denunció el "constate hostigamiento" y "amenazas" que han recibido las emisoras de radio que "han mantenido una línea independiente" y han denunciado corrupción y posibles violaciones de derechos humanos.
En concreto menciona las radios comunitarias Guarajambala, La Voz Lenca, la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) de la comunidad garífuna de la localidad de Triunfo de la Cruz, la radio La Voz de Zacate Grande y radio El Progreso, cuyos miembros son objeto de medidas cautelares de la CIDH.
"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión", recuerda el organismo.
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