La condena de un general uruguayo anima a los activistas de Derechos Humanos

  • La condena del primer militar en activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985) fue recibida hoy como una "inyección de moral" por los defensores de derechos humanos en este país.

Montevideo, 9 may.- La condena del primer militar en activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985) fue recibida hoy como una "inyección de moral" por los defensores de derechos humanos en este país.

El general Miguel Dalmao, encarcelado desde 2010, fue encontrado responsable del homicidio de una militante comunista, Nibia Sabalsagaray, en una unidad militar en 1974, según informaron este miércoles fuentes de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.

En declaraciones a Efe, Efraín Olivera, fundador del Servicio Paz y Justicia, señaló que es "una buena noticia" que muestra "el avance, aunque muy lento, en la búsqueda de verdad y justicia".

Además, consideró que el fallo judicial representa "una inyección de moral" para "los cientos de uruguayos que siguen trabajando para que se conozcan y castiguen las espantosas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura".

El general fue acusado de "homicidio muy especialmente agravado", cometido cuando era alférez y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del Ejército donde apareció muerta Sabalsagaray.

La versión oficial de la época señalaba que la joven Sabalasagaray, militante comunista, se ahorcó en el calabozo donde estaba detenida a las pocas horas de haber sido detenida, pero de las pericias forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas.

Es "importante" que esos delitos "no queden impunes" y que haya "castigo para los responsables" incluso "como un mensaje" para las nuevas generaciones de militares, agregó Olivera, fundador en 1981 del Serpaj.

Dalmao está internado desde tiempo atrás en el Hospital Militar aquejado de una grave afección cardiaca.

La investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible después de que la Suprema Corte de Justicia declarara en octubre de 2009 inconstitucional la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura, para este caso concreto, una decisión que fue impugnada sin éxito por la defensa del acusado.

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