La crisis carcelaria también causó muertos en estado rico del sur de Brasil

Río de Janeiro, 15 ene.- La crisis carcelaria que afecta a los presidios del empobrecido estado brasileño de Maranhão (noreste) también se ha cobrado un gran número de muertos en zonas ricas del país, como el estado de Río Grande do Sul (sur), informaron hoy medios locales.

El diario O Globo publicó hoy un informe judicial que contabiliza 23 asesinatos de presos ocurridos desde enero de 2010 en el Presidio Central de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, que fueron tratados como muertes por motivos naturales.

Según el documento, los supuestos asesinatos ocurrieron siempre de la misma forma: presidiarios jóvenes, sin histórico de enfermedades cardiovasculares, murieron de paro cardíaco o edema pulmonar, siempre de madrugada y con rastros de cocaína en la sangre.

Entre los casos sospechosos, se encuentran cinco ocurridos entre 2011 y 2013 investigados por el juez Sidnei Brzusca, que tienen "indicios" de ser homicidios, según el diario.

El Presidio Central de Porto Alegre es conocido por su pésimo estado de conservación y su hacinamiento, condiciones que lo convierten en uno de los peores de Brasil.

En la primera semana de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó al gobierno regional a que tome una serie de medidas para mejorar las condiciones de este penal.

Entre otras cosas, se ordenó que se garantice la vida y la integridad física de los reclusos, que se aseguren las condiciones de higiene y los tratamientos médicos adecuados y se reduzca el hacinamiento.

La crisis carcelaria más grave del país afecta al estado de Maranhão, donde se registró el asesinato de 62 reclusos desde enero de 2013, normalmente con extrema violencia, como decapitaciones.

La violencia de las cárceles se ha extendido a las calles de la capital de la región, Maranhão, donde las mafias que operan entre rejas ordenaron al comienzo de enero ataques a autobuses urbanos.

A raíz de esos ataques, el Gobierno brasileño realizó la semana pasada una reunión de emergencia con las autoridades locales para controlar la violencia en el penal.