La defensa de Muñoz alegará medidas desproporcionadas al recurrir la prisión

Málaga, 17 abr.- La defensa del exalcalde de Marbella Julián Muñoz presentará mañana el recurso contra el auto que ordena el ingreso en prisión incondicional sin fianza de su cliente, en el que alegará la "desproporción" de las medidas cautelares impuestas.

El abogado de Muñoz, Miguel Criado, ha asegurado a Efe que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que un órgano superior, en este caso el Tribunal Supremo, dictamine a favor o en contra de la resolución judicial de primera instancia.

Además, ha indicado que no existe riesgo de fuga porque Muñoz tiene retirado el pasaporte, abonó en su día la fianza impuesta, existe arraigo familiar y su salud es "delicada", ya que padece problemas cardiovasculares.

Por otra parte, en las próximas semanas sus letrados estudiarán si piden a la Sala que devuelva la fianza de 50.000 euros que abonó Muñoz en su día para estar en libertad.

Criado ha anunciado que antes del martes presentará en la Audiencia Provincial de Málaga el anuncio de recurso de casación, ya que ese día vence el plazo establecido.

Por este motivo, las defensas de los otros seis procesados en el caso de blanqueo de capitales, entre ellas las de la tonadillera Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, deberán cumplir con este trámite en los próximos días.

Fuentes de la Fiscalía han señalado a Efe que todavía no han decidido si recurrirán el fallo debido a que quieren estudiar antes el contenido de la sentencia en profundidad.

La Fiscalía había pedido para Muñoz siete años y medio de cárcel -ha sido condenado a siete-, y tres años y medio de cárcel para Pantoja y Zaldívar, a las que se les han impuesto penas de dos años de prisión y tres años y tres meses de cárcel, respectivamente.

Muñoz, que ingresó ayer en la cárcel de Alhaurín de la Torre, será juzgado mañana en Madrid junto con otros 23 exediles de Marbella y el que fuera asesor urbanístico Juan Antonio Roca por el caso Saqueo II, sobre un desvío de 41 millones de euros públicos entre 1994 y 2001 y un fraude a la Seguridad Social de 91,5 millones.