Asunción, 16 jul.- La defensa de los campesinos imputados por la matanza de junio de 2012 en Paraguay pidió hoy en la audiencia preliminar del caso que se anule el procedimiento hasta que no se resuelva la titularidad de las tierras donde ocurrieron las 17 muertes.
En la segunda jornada de la nueva audiencia preliminar del caso Curuguaty, que en 2012 causó la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político parlamentario, intervino nuevamente el fiscal, Jalil Rachid, para exponer sus conclusiones y pedir a la jueza que eleve el procedimiento a juicio oral.
Rachid ha solicitado el enjuiciamiento de doce campesinos de Curuguaty (nordeste) por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
Seis policías y once campesinos fallecieron el 15 de junio de 2012 en un enfrentamiento durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" que ocupaban una finca cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del empresario colorado Blas N. Riquelme.
Los abogados defensores, en el comienzo de su exposición, rechazaron que pueda imputarse a los campesinos el delito de invasión de inmueble hasta que no se resuelva el procedimiento judicial para determinar quién es el propietario de las tierras en cuestión.
La defensa pidió, por tanto, que se anule la audiencia preliminar, lo que fue rechazado por la jueza, Yanine Ríos, antes de anunciar un receso en la sesión de hoy.
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