Madrid, 16 ago.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido hoy no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la "ley antidesahucios", lo que ha sido calificado de "vergonzoso" por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que también ha lamentado el "oportunismo" del recurso presentado por el PSOE.
La institución que dirige Becerril ha destacado en un comunicado que "seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios" y, ante la petición de la PAH de que presentara su mismo texto de recurso, ha explicado que el Defensor del Pueblo debe actuar con "plena libertad e independencia de criterio".
Los afectados han acusado a la institución de "incumplir" sus obligaciones por no recurrir una ley que "viola derechos fundamentales", pero el Defensor del Pueblo ha alegado que una vez recurrida por el grupo socialista no era "necesaria" su intervención para garantizarlos.
La Plataforma considera que la "ley antidesahucios", aprobada el pasado 18 de abril, es antidemocrática porque no incluye las demandas de mínimos planteadas en la Iniciativa Legislativa Popular que esta organización promovió con el apoyo de un millón y medio de firmas, y que son la dación en pago, la moratoria de los desahucios o el alquiler social de las viviendas vacías.
La PAH y Stop Desahucios, al no estar legitimadas para elevar un recurso ante el TC, pidieron que 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo "avalasen" el documento de inconstitucionalidad que habían preparado.
A esta petición solo han respondido 24 diputados de Izquierda Plural y varios del grupo mixto, mientras que el PSOE ha decidido presentar un recurso propio tras "pulir" y "hacer correcciones" al de la Plataforma, ha explicado la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario socialista, Leire Iglesias, tras acudir esta mañana al registro del TC.
Rafael Mayoral, un portavoz de la PAH, ha calificado a Efe de "oportunismo" el recurso socialista y ha criticado que hayan querido sacarse "una foto partidista" y buscar el "rédito político".
Los socialistas han eliminado del recurso, según la PAH, el "incumplimiento" del derecho a la vivienda en los últimos 35 años en España; "lógicamente no les interesaba ponerlo y han metido todo un preámbulo de autobombo acerca del papel del Partido Socialista en la tramitación parlamentaria", ha lamentado Mayoral.
Respecto a la postura de la Defensora del Pueblo, Mayoral cree que "no ha hecho su trabajo, no ha hecho un análisis acerca de la violación de derechos fundamentales de esa ley, simplemente plantea una cuestión formal de que no puede adherirse a un recurso que es el que nosotros propusimos".
También ha rechazado que "se escude" en no recurrir en que el PSOE lo haya hecho.
Becerril, tras presidir la reunión de la Junta de Coordinación para tratar el tema del recurso, ha propuesto hoy reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos.
Señala que la ley promovida por el Gobierno contiene "elementos positivos" al mismo tiempo que ve necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes.
Además, propone aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.
El pasado mes de abril, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias, pidió limitar los elevados intereses de demora y gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes.
Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la ley.
Medidas insuficientes para los afectados, que preguntan si el Defensor del Pueblo cree que es aceptable que "a los menores desde tres años se les desahucie", que sigan los desalojos "sin alternativa habitacional", que continúe "la falta de garantías procesales" en las ejecuciones hipotecarias y si está de acuerdo con una "ley de punto final".
"Como organismo constitucional, tiene la obligación de impugnar las normas que violen derechos fundamentales, y ha eludido su responsabilidad en flagrante incumplimiento de sus obligaciones", ha añadido Mayoral.
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