La desactivación de ETA estancada dos años después de renuncia a la violencia

Pilar Domínguez

Madrid, 18 oct.- Al cumplirse este domingo dos años de su declaración el alto el fuego, la banda terrorista ETA aunque debilitada mantiene sus estructuras y sus armas, mientras las fuerzas de seguridad españolas no solo no bajan la guardia sino que han dado importantes golpes a esa organización.

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada tras cinco décadas de terrorismo, en las que causó la muerte de más de 800 personas. Dos años después, todo el espectro político español pide el desarme de la banda terrorista.

Por su parte, el Gobierno español, firme en su posición de no dialogar con ETA, ha obviado los requerimientos de la banda para negociar los aspectos "técnicos" del desarme, que la organización terrorista desea tratar directamente con el Ejecutivo.

La sociedad española va un paso por delante de todos y está ya asumiendo el final de la violencia y la gran mayoría de amenazados por la banda terrorista recuperan su libertad de movimientos

Pese a esta aparente relajación, como prescindir de guardaespaldas los que fueron amenazados por ETA, han sido detenidos en los últimos dos años 67 personas supuestamente relacionadas con la banda terrorista. Treinta y tres de esos fueron arrestados en Francia, 24 en España, cuatro en el Reino Unido, dos en Bélgica y una en Italia, Brasil y Venezuela.

En este proceso de debilitamiento de ETA por las fuerzas de seguridad, fueron detenidos Alejandro Zorbaran, "Xarla", presunto jefe militar de la banda, el responsable de explosivos Mikel Oroz Torrea, y Oroitz Gurruchaga Gogorza.

La última de estas operaciones se produjo el 30 de septiembre pasado cuando la Guardia Civil española detuvo a 18 personas por su vinculación con la plataforma de apoyo a los presos de ETA Herria, otro de los temas enrevesados en el proceso.

En ese ámbito, el Gobierno español mantiene la fórmula que presentó en abril de 2012, consistente en facilitar la reinserción individual de los presos de ETA, bajo la condición de que se separen de la banda y se arrepientan, unas premisas que no acepta el colectivo de presos de ETA (EPPK).

Asimismo, está pendiente de la resolución definitiva del recurso presentado por el Gobierno español contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada doctrina Parot, por considerar que es contraria a dos artículos del convenio europeo de derechos humanos.

De confirmarse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría derivar en la liberación de un buen número de importantes presos de ETA.

La llamada doctrina Parot en España -toma su nombre del etarra francés Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.

Otro debate se centra en cómo relatar lo sucedido, entre otras cosas porque la izquierda abertzale (independentista radical vasca) rechaza ahora la violencia como instrumento político, pero no parece dispuesta a admitir su ilegitimidad en el pasado.

En ese contexto, en su último comunicado del pasado 28 de septiembre, ETA afirmó que "no podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores".

La falta de avances en el proceso obligó en marzo de este año a los miembros de ETA Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal a abandonar Noruega, país que les había acogido a la espera de que pudieran darse nuevos pasos en el proceso de abandono del terrorismo, que no llegaron.

El 27 de mayo de este año se celebró el llamado Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que intervinieron entidades y partidos estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por parte de ETA como del Gobierno.

Para ello, se emplazó a la organización terrorista a acometer un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del Estado, y se abogó por la "reintegración" en la sociedad de los reclusos etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer el daño causado.

La izquierda abertzale acogió estas recomendaciones con reticencias, mientras que el colectivo de presos aún no ha respondido al emplazamiento del Foro, algo que se espera para las próximas semanas.