Madrid, 11 jul.- La factura electrónica, que será obligatoria en transacciones entre las administraciones y sus proveedores y contratistas, podría suponer un ahorro total para el Estado y los agentes implicados entre 41 y 51 millones de euros, han asegurado hoy fuentes de Hacienda.
Se podrán dejar de gastar hasta 41 millones de euros cuando comience a aplicarse este sistema, una cantidad que podrá llegar a los 51 millones una vez que esté totalmente implantado, según estas fuentes.
Por otro lado, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, Pilar Platero, ha explicado a los medios que hasta el 15 de enero de 2015 no será obligatoria la factura electrónica para proveedores y contratistas que emitan recibos de más de 5.000 euros (las facturas por debajo de esta cantidad se podrán seguir enviando en papel).
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2014 todas las administraciones estarán obligadas a tener un registro contable de facturas.
Este desfase entre fechas de implantación se da porque, como ha explicado Platero, el registro contable depende de las administraciones pero la parte de la factura depende también de proveedores y contratistas, por lo que llevaría más tiempo.
Platero ha asegurado que esta ley permitirá que exista un punto único de entrada de facturas electrónicas por cada administración (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), aunque por razones de "eficiencia" los dos últimos podrán adherirse al punto de entrada del Estado.
"Este sistema supone una mayor cobertura para los proveedores porque se fija la fecha de entrega de la factura y cuando hay que pagarles, además de que podrán ver en qué fase se encuentra su factura", ha añadido.
Asimismo, el centro contable registrará todos los casos de los tres meses anteriores en los que el centro gestor no ha validado la factura.
Para Platero el impulso de la factura electrónica desterrará prácticas que no honraban a las administraciones y que hacían que las facturas se quedaran en el cajón, lo que evitaba que proveedores y contratistas cobraran.
"Existirá mayor fiabilidad en nuestras cuentas públicas, se conocerá cuál es el gasto desde el principio y será más fácil luchar contra el fraude", ha explicado.
En palabras de la subsecretaria, "se van a conocer los periodos medios de pago y qué administraciones tardan más en pagar y son morosas".
Según fuentes de Hacienda, el proyecto ya ha sido enviado al Congreso y se espera que esté aprobado a mediados de diciembre.
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