La FIDH y la APDHE exigen que se anule la reforma de la justicia universal

París, 10 feb.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) pidieron hoy que se rechace la proposición de ley para la reforma de la jurisdicción universal, al considerar que su aplicación vulneraría las obligaciones internacionales contraídas.

La proposición de ley del gobernante Partido Popular (PP) busca establecer las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del país y se debatirá en el Parlamento a partir de este martes.

"El ejercicio de la jurisdicción universal deriva de las obligaciones internacionales contraídas por España, al suscribir numerosos tratados y convenios (...). La anunciada reforma, por tanto, contradice los principios más elementales del derecho internacional", indicaron las dos organizaciones en un comunicado.

La FIDH y la APDHE señalaron que la proposición incluye puntos que limitan el ejercicio de la jurisdicción universal para los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, cuando el sospechoso es un español o un extranjero que resida o esté en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.

"La Jurisdicción universal no puede ser cercenada exigiendo, en contra de su propia esencia, la existencia de determinados requisitos o vínculos de conexión, como la nacionalidad de las víctimas, o que el presunto culpable sea español", señaló su nota.

Los dos organismos consideraron que la proposición limita la posibilidad de investigación y permite proceder solo contra cómplices españoles de esos delitos y deja en la impunidad a sus autores y promotores principales.

La FIDH y la APDHE lamentaron, además, que en la pretendida reforma se proscribe que las acusaciones populares ejerciten el principio de justicia universal, lo que a su juicio busca provocar el archivo de todos los casos actualmente en curso.

Las dos entidades manifestaron su "indignación" por la reforma, deploraron la vía legislativa elegida para tramitarla, y subrayaron que el alcance de la jurisdicción universal "es absoluto" y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

Por ello, pidieron a las Cortes españolas que la rechacen, y exigieron que "tal y como tienen encomendado, velen por los derechos de la sociedad civil y de las víctimas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas y la conciencia de la justicia sentida por cada parlamentario".