La Fiscalía Superior pide 2 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el juez Urquía

Granada.- La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros para Francisco Javier de Urquía, acusado de ofrecer favores judiciales a cambio de un beneficio económico durante la Operación Hidalgo.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía le imputa por estos hechos dos delitos de prevaricación y dos de cohecho, en una causa en la que hay otros tres acusados, para los que solicita penas de entre uno y dos años de cárcel y multas de hasta 8 millones de euros.

En esta causa se investigan presuntas gestiones realizadas por el que era juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para favorecer a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, abierto contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

De Urquía, aprovechando su competencia como instructor de esta causa, se puso de acuerdo con sus amigos I.M.L. y A.F.A. para obtener un beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales, dado que éstos conocían a algunas de las personas afectadas por el procedimiento.

Así, sabían que uno de los imputados, dueño de un hotel, estaba preparando una operación de venta del establecimiento, la cual se veía impedida por las medidas cautelares dictadas por el juez, que incluían la prohibición a los imputados de disponer de algunos bienes.

A.F.A. contactó con un amigo del dueño del hotel para hacerle llegar su oferta de conseguir el levantamiento de las medidas adoptadas sobre sus propiedades a cambio de 5 millones de euros, la cual éste rechazó.

Por su parte, I.M.L., responsable de una revista, se reunió en varias ocasiones con el hijo del empresario hotelero para reiterar el ofrecimiento en varias conversaciones que fueron grabadas por su interlocutor y en las que fue elevando el precio de la intervención hasta los ocho millones.

El hijo del dueño del hotel denunció estos hechos ante la Guardia Civil, se incoaron las diligencias previas y se acordaron varias escuchas telefónicas, tras lo que en una entrevista bajo vigilancia policial I.M.L. repitió su oferta.

Por otro lado, A.F.A. también se puso en contacto con otro de los imputados en el caso Hidalgo, A.K., después de que se hubiera decretado prisión provisional sin fianza para su esposa y su sobrino, y le ofreció, tras haberlo concertado con De Urquía, lograr la libertad bajo fianza de ambos a cambio de 60.000 euros.

A.K. entregó a su sobrino la cantidad acordada para que se la hiciera llegar a A.F.A. y De Urquía dictó los autos de libertad provisional con fianza para los dos.

Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado para De Urquía multa de 36.000 euros y diez años de inhabilitación por cada uno de los dos delitos de prevaricación que se le imputan, así como multa de 8 millones y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de cohecho y dos años de prisión y diez años de inhabilitación más por otro delito de cohecho.

Se trata del segundo caso seguido en el alto tribunal contra De Urquía, quien ya fue condenado por pedir y aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca a cambio de favorecerle judicialmente.

Para I.M.L., acusado de un delito de cohecho, la Fiscalía Superior pide en sus conclusiones provisionales una multa de 8 millones, mientras que para A.K. solicita un año de prisión y multa de 50.000 euros por un delito de cohecho.

Asimismo, para A.F.A. reclama 8 millones de multa por un delito de cohecho y dos años de prisión y multa de 60.000 euros por un segundo delito también de cohecho.