La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha interpretado este martes como un "juicio político" que la convocatoria de la consulta del 9N haya llevado a imputar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ya exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern, después de las imputaciones por parte del TSJC tras la investigación de varias querellas admitidas a finales de 2014 contra Mas, Ortega y Rigau, entre ellas, una de la Fiscalía Superior de Catalunya -por orden de la Fiscalía General del Estado- que le acusaba de desobedecer "abiertamente" al Tribunal Constitucional (TC).
Munté ve "instrumentalización política" en la querella que "presentó la Fiscalía General del Estado, contra el parecer de los fiscales catalanes", y también Manos Limpias.
La también portavoz de la Generalitat ha afirmado que "no se ha hecho nada ilegal" y ha manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados.
Ve una "auténtica anomalía democrática" que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña, ha defendido.Al Gobierno central
Ha acusado de "cinismo" al Gobierno central por afirmar que la citación se produce ahora para no interferir en el proceso electoral del 27S, y ha criticado que, si fuera sincero, lo que debería hacer el Ejecutivo de Rajoy es expresar su satisfacción por la imputación de Mas.
"La presión sobre la Fiscalía -por parte de Gobierno- no ha parado en ningún momento, tampoco a lo largo de la campaña electoral. No ha habido respeto por ninguna fecha y por ningún periodo electoral", ha lamentado.
También ha criticado el procedimiento judicial porque considera que los primeros en declarar deberían haber sido los tres querellados -Mas, Irene y Rigau-, mientras que lo que se ha hecho es citar primero a testigos para crear "un relato" contrario a los organizadores del 9N.Proceso soberanista
Mas tendrá que declarar ante el TSJC el 15 de octubre y Munté no ha querido polemizar sobre que la fecha coincida con el 75 aniversario del fusilamiento de su antecesor Lluís Companys: "No podemos pensar otra cosa que no sea que es una coincidencia".
El Govern asegura que la imputación no tendrá "ninguna afectación" en la constitución del nuevo Parlament ni al aplicar la hoja de ruta soberanista que Junts pel sí ha llevado a las elecciones autonómicas y que ahora busca pactar con la CUP.
Aún no hay fecha para la constitución del Parlament, algo que es prerrogativa del presidente en funciones, Artur Mas: la fecha límite para constituirse es el 26 de octubre y la fecha límite para celebrar el primer pleno de investidura es el 9 de noviembre, precisamente el primer aniversario del proceso participativo.
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