La hacienda del narco Pablo Escobar, reconvertida en parque de atracciones

(Hacienda Nápoles, Colombia). La antigua propiedad del ya fallecido narco colombiano Pablo Escobar, Hacienda Nápoles, acoge un museo y un parque temático sobre la era Jurásica. Parte de la propiedad ha sido cedida a campesinos pobres.

Además, en un irónico giro de la historia, parte de las viviendas de la finca se han acondicionado como cárcel de máxima seguridad.Hacienda Nápoles es uno de los escasos éxitos de la campaña del Gobierno para incautar las propiedades de los narcotraficantes y convertirlas en iniciativas productivas.

Se calcula que a lo largo de los años los señores de la droga han ido adquiriendo más de 3.600 hectáreas, algo así como el 8 por ciento de las mejores tierras de pasto y de cultivo de Colombia. Como las propiedades se compran para limpiar dinero negro, a menudo permanecen sin actividad agrícola o se convierten en aeropuertos privados o campos de golf.

Todo esto ocurre mientras legiones de familias de zonas rurales han sido forzadas a abandonar sus tierras debido al conflicto armado con la guerrilla y a muchos no les ha quedado otra opción que empezar una nueva vida en los barrios marginales de Bogotá y otras ciudades.

Estos factores ayudan a explicar por qué Colombia tiene uno de los ratios más desiguales de distribución de la tierra en América Latina. Desde hace mucho tiempo hay autoridades colombianas que abogan por incautar las propiedades a los narcotraficantes y entregar parte de ellas a los campesinos sin tierra, pero la tarea ha demostrado ser frustrante y, en muchos casos, imposible.

Eso ocurre porque muchos de los bienes de los traficantes, desde tierras de cultivo hasta edificios, coches de lujo y aviones privados, están registrados a nombre de sus amigos y socios. Estos grados de separación, sumados al lento sistema legal de Colombia y las múltiples apelaciones de los defendidos se traduce en que los casos de incautación de bienes se quedan atrapados en los juzgados durante más de una década.

Hasta el momento, el Gobierno ha logrado expropiar menos del 3 por ciento (102.000 hectáreas) de las tierras que se cree que están en manos de los capos. De esta cantidad, solo unas 32.000 hectáreas han sido distribuidas entre campesinos, según Omar Figueroa, que está al frente del Departamento Nacional de Narcóticos, la agencia gubernamental que administra los bienes confiscados.

“Obviamente, no es suficiente, dada la demanda de tierra que hay en Colombia”, explica Figueroa.

Incluso cuando las propiedades de los señores de la droga son identificadas, la expropiación puede llevar una década o más. Escobar fue asesinado en 1993, pero el Gobierno no pudo obtener la titularidad de la Hacienda Nápoles hasta 2006.

Aún así, los proyectos en la antigua propiedad de Escobar sirven como muestra de las posibilidades existentes.Su mansión se ha convertido en un museo, adornado con fotografías ampliadas de ataques con bombas y funerales sombríos de políticos y candidatos presidenciales asesinados por los matones de Escobar.

“Este lugar no glorifica a Pablo Escobar, pero lo que hizo es parte de nuestra historia”, afirma Oberdan Martínez, administrador del parque temático y del museo. “Estamos rindiendo un homenaje a sus víctimas”.

El parque, gestionado por un grupo empresarial de Medellín, atrajo el año pasado a 65.000 visitantes. Parte de las ganancias van a las arcas municipales de Puerto Triunfo, una comunidad cercana donde Escobar solía repartir regalos de Navidad.

Las estatuas de dinosaurios han sido restauradas, y se han añadido toboganes acuáticos y efectos de sonido que simulan el periodo Jurásico para entretener a los niños. Monos, tucanes, gansos, cebras, avestruces y flamencos pululan por el parque, mientras los hipopótamos se bañan en los lagos artificiales.

“Esto es espectacular. Escobar tenía que tener un buen montón de dinero para poder comprar todos estos animales salvajes”, comenta Roy Gómez, un turista de Bogotá, después de alimentar con zanahorias un bebé de hipopótamo que se llama Vanessa.

Unas 80 hectáreas han sido cedidas a antiguos guerrilleros y paramilitares, que han entregado las armas a cambio de beneficios del Gobierno, así como a familias desplazadas por la guerra.

Algunos de ellos cultivan pimientos de Tabasco, que son vendidos a compañías locales para hacer salsa picante. Uno de estos cultivadores novatos es Robeiro Gómez, que se pasó seis años luchando contra la guerrilla marxista y sus partidarios como miembro de un grupo paramilitar.

“Trabajar la tierra es la cosa más honrada que se puede hacer”, afirma Gómez, quien añade que en lugar de contribuir a la violencia del país ahora está trabajando por una buena causa.

Pero aunque sea encomiable, entregar tierras a los pequeños campesinos no siempre resulta atractivo. El proyecto Tabasco se estableció como una cooperativa para 110 familias, y solo hay 16 familias participando. Eso se debe en parte porque no es fácil encontrar campesinos que se quieran dedicar a esto en una zona que ha sido dominada durante mucho tiempo por el lucrativo comercio de la cocaína.

“El problema es el dinero y el trabajo físico”, dice Paola Lozada, una psicóloga que asesora a los miembros de la cooperativa, muchos de los cuales están traumatizados por la guerra. “Algunas personas no están acostumbradas a trabajar ocho horas bajo el sol”. En el negocio ilegal de las drogas “pueden hacer mucho más dinero en solo dos o tres horas”, añade.