Madrid, 8 jul.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha declarado secreta la identidad de los peritos de Hacienda que investigarán el destino del dinero de los inversores en pagarés de Nueva Rumasa debido al "riesgo cierto y probable" de que puedan sufrir actuaciones para "debilitar su voluntad de colaborar con la Justicia".
En un auto, al que ha tenido hoy acceso Efe, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha accedido a la petición de los dos peritos de la Agencia Tributaria de que se proteja su identidad, por lo que ha abierto una pieza secreta y ha adoptado medidas para encriptar sus datos en las diligencias de investigación y evitar que sean identificados en sus comparecencias.
El juez justifica esa decisión porque, "por el entorno donde se desenvuelven estas personas, se acrecienta el riesgo de que puedan sufrir en sus personas, o en las de sus familiares, ataques contra su integridad física, libertades personales, medios de vida o bienes".
Ruz ha tenido en cuenta además que la investigación de Nueva Rumasa versa sobre una "actividad delictiva grave" y que el trabajo de los peritos "es absolutamente necesario para una adecuada y eficaz instrucción de la causa".
Los dos funcionarios de la Agencia Tributaria solicitaron el pasado 4 de julio que se abriera una pieza separada de identidad protegida debido a que "la alarma social y el gran número de implicados en la causa" les ha generado "determinada tensión o temor" a sufrir presiones o ataques.
En otras investigaciones, como las de Fórum Filatélico y Afinsa, la inspectora de la Agencia Tributaria que realizó el informe que motivó la intervención de ambas empresas recibió amenazas e, incluso, tuvo que ser protegida policialmente para evitar que algunos afectados pudieran agredirla.
La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado 3 de junio una querella contra José María Ruiz-Mateos; su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino, presentada por 63 querellantes asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, que habían invertido 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa.
La querella acusa a la familia Ruiz-Mateos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal por no devolver el dinero de las inversiones en pagarés y haberlo destinado a fines distintos para los que prometieron (entre los que figuraba la adquisición de empresas).
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