Sevilla.- La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los presuntos ERE irregulares de la Junta, ha admitido parcialmente la querella presentada por el PP-A contra responsables políticos del PSOE, intermediarios y posibles beneficiarios de las ayudas.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada admite parcialmente la querella que los populares presentaron el pasado 21 de marzo por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
La querella del PP está dirigida contra 26 personas, entre ellas, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
La juez afirma en el escrito que procede dirigir la investigación "contra los imputados hasta la fecha en las presentes diligencias" habida cuenta "de la escasa documentación recibida y sin perjuicio de nuevas calificaciones jurídico-penales y que la presente instrucción pueda extenderse a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos".
La magistrada rechaza sin embargo la adopción de medidas cautelares sobre los bienes de los querellados, dado que considera que no procede la exigencia de prestación de fianza "cuando el ejercicio de la acusación popular se realiza en un proceso en curso", como es el caso del PP.
La querella del PP andaluz fue planteada en su momento por su secretario general, Antonio Sanz, como "una primera aportación" y en la misma se indicaba que "no descarta la necesidad de su ampliación, porque dentro de las personas a las que se dirige también están todos aquellos que en virtud de la investigación que se desarrolla se consideren nuevos responsables en relación al fraude".
Con su presentación los populares pretendían también que "a la persona responsable de haber cometido un fraude en relación a los ERE, que resulte condenada, se le exija restituir a la Hacienda Pública las cantidades indebidamente dispuestas o recibidas".
En la querella "literalmente", según explicó Sanz, se exigía que "en ningún caso se pueda perjudicar los derechos de las empresas y los trabajadores que con buena fe y bajo la creencia de la legalidad de las subvenciones recibidas se acogieron a los ERE".
Los populares consideran que la ilegalidad de estos ERE nace en 2001, cuando la Junta cambió el procedimiento y en vez de financiar directamente estas ayudas a empresas en crisis desde la Consejería de Empleo, acordó transferir directamente capital desde este departamento a organismos públicos como el Instituto de Fomento de Andalucía o la agencia IDEA para que pagasen estos fondos públicos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios