Sevilla, 24 may.- Mercedes Alaya, la juez que investiga los ERE fraudulentos, ha expresado en un auto su "enorme sorpresa" por la "escueta documentación" que recibe de la Junta de Andalucía, que "contrasta con su posición de acusación particular" en el proceso.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez lamenta que haya tenido conocimiento de los informes de la Intervención sobre las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina a través de la documentación que ha entregado el abogado de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo encarcelado desde el 24 de abril, en su recurso contra el auto de prisión.
La juez explica que en dos ocasiones ha reclamado dichos informes a la Junta, que solo envió un "escueto legajo donde no constan ni el informe de la Intervención Delegada oponiendo reparos a los pagos de dicha ayuda sociolaboral, ni el informe definitivo de la Intervención General de la Junta".
Añade que le ha "sorprendido enormemente" que pese al "requerimiento reiterado" a la Junta, finalmente haya tenido conocimiento de los informes solicitados a través de la documentación aportada por el abogado de Fernández.
Ello "demuestra sin lugar a dudas el fácil acceso que las defensas pueden tener a la documentación de la Junta de Andalucía y las continuas dificultades que para dicha cumplimentación la propia Administración autonómica pone a este juzgado", añade el auto.
Por ello, Alaya requiere "por última vez y sin dilación alguna" a la Junta para que aporte el expediente íntegro de la ayuda sociolaboral a Hijos de Andrés Molina, "con todos y cada uno de los informes de la Intervención Delegada y la Intervención de la Junta".
Por otra parte, pide a las consejerías de Empleo y de Innovación que entregue diversa documentación de los años 2001 a 2010, entre ellos los expedientes íntegros de modificaciones presupuestarias de los capítulos IV a VII y los gastos de ambas que guarden relación con las agencias de la Junta IFA e IDEA, que tramitaron las ayudas investigadas.
También pide información sobre las subvenciones a once empresas que hasta ahora no han sido incorporadas a la causa, entre ellas Alpha Corporate, Antonio Gálvez Peluqueros, Consorcio de Compensación de Seguros, Fundación San Telmo, EDM Séneca, Novomag, Jerez Industrial y Taller de Libros.
El auto, con fecha del 18 de mayo, acuerda profundizar en las relaciones del bufete Estudios Jurídicos Villasís de Sevilla con otras entidades como la aseguradora Uniter, Lógica Estratégica Empresarial -empresa propiedad del chófer de la Junta encarcelado Juan Francisco Trujillo- y la empresa sevillana Virgen del Espino.
Por ello, pide a los peritos de la Agencia Tributaria que procedan al "análisis pormenorizado de los ingresos recibidos y pagos realizados" por Villasís con otras entidades.
La juez, por otra parte, informa de que los técnicos de la Administración del Estado nombrados para auxiliar en su investigación han iniciado ya sus trabajos respecto a 59 empresas.
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