Sevilla, 8 jul.- La juez que investiga el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha acordado elevar al Tribunal Supremo (TS) el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía, que defiende el carácter secreto de las actas de los Consejos de Gobierno solicitadas por la magistrada.
En un auto notificado hoy a las partes, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, anuncia que ha planteado formalmente ese conflicto de jurisdicción, solicitado desde marzo por la Junta, y que remite las actuaciones al presidente del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales dependiente del Supremo.
No obstante, en el auto, al que ha tenido acceso Efe, también acuerda "mantener la jurisdicción" de su juzgado e insiste en "requerir" a la Junta "el cumplimiento de la prueba ordenada" al defender su competencia para acceder a todas esas actas.
En otra providencia notificada hoy, la juez da cuenta de que las actas, cuyas copias compulsadas están custodiadas desde abril en una sede judicial y no en su juzgado, están a disposición de la Junta "desde la notificación del auto de la Audiencia" de hace dos días en el que ordenaba su devolución al Gobierno autónomo.
En respuesta a la petición en ese sentido de la Junta, indica que "no tiene que señalar fecha alguna" para devolver los sobres, que están precintados y lacrados en el juzgado de guardia de detenidos, pues están "a su disposición" desde el pasado miércoles.
En el otro auto, la juez defiende la "incompetencia del conflicto" planteado por la Junta, "sencillamente" por su "carencia de objeto", pues lo que le ha requerido carece de "carácter secreto o reservado", porque "ni son documentos, ni deliberaciones, opiniones o votaciones".
Esgrime que sólo ha pedido el contenido que para esas actas prevé la Ley del Gobierno de la Comunidad: cuándo y dónde se celebraron los consejos, los asistentes y acuerdos adoptados, "excluyéndose" la aportación de otros documentos presentados.
La juez insiste en la "pertinencia" de acceder a las actas, como recuerda que confirmó la Audiencia en un auto anterior al de ese mismo órgano referente a su custodia.
Defiende la relevancia del acceso a las actas para la investigación, sobre todo las relativas a las decisiones sobre el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA -ahora IDEA- para ayudas a empresas en crisis, pues se investigan "dos hechos claramente diferenciados e interrelacionados entre sí".
Uno es "la trama para incluir en los ERE o en las pólizas" de pago de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en esas empresas, "autorizadas por responsables de la Administración a modo de 'fondo de pensiones'" y cuyos beneficiarios eran "designados por motivos de amistad, de relaciones familiares o de pertenencia al PSOE o a determinados sindicatos".
También se investiga la figura de transferencia de financiación con cargo al llamado "fondo de reptiles" que Empleo utilizó para esas ayudas que materializó el IFA -dependiente entonces de la Consejería de Economía-, cuando debería haber sido por el sistema de "subvención excepcional", como el auto recalca que advirtió reiteradamente desde 2002 la Intervención de la Junta.
Precisa que la Intervención manifestó "de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía y hoy presidente de la Junta (José Antonio Griñán), a IDEA y al consejero de Innovación", que con el uso de dicha figura "se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado".
Así se eludían los controles de fiscalización, según la juez, que añade que, "de haberse utilizado el procedimiento adecuado, se hubiera impedido asumir compromisos de pago por encima de los créditos presupuestarios, existiendo un déficit acumulado por este motivo desde 2001 al 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros".
Por ello, pidió copias de las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, cuando Empleo y el IFA firmaron ese acuerdo marco, para "averiguar" si el Ejecutivo "adoptó algún acuerdo" al poder conocer dicho déficit o sobre su vigencia, ya que expiraba en 2003, o si de las actas "puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público".
También considera que la negativa a entregar las actas "está desprovista completamente de la razonabilidad necesaria", pues el Gobierno andaluz "es acusación particular, y sería una auténtica paradoja que utilizara su posición de custodio de dichos documentos para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar" a cargos de la Junta.
Estos escritos de la juez se han notificado el mismo día en el que ha empezado a tomar declaración a los tres primeros imputados en el presunto fraude de los ERE. EFE
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