La juez embarga a dos imputados para cubrir fianzas de 34 y 1,3 millones

  • El juzgado que investiga los ERE falsos ha embargado varios pisos, coches y fincas para hacer frente a las fianzas de responsabilidad civil impuestas al abogado Carlos Leal Bonmati y a un director bancario de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Sevilla, 17 ene.- El juzgado que investiga los ERE falsos ha embargado varios pisos, coches y fincas para hacer frente a las fianzas de responsabilidad civil impuestas al abogado Carlos Leal Bonmati y a un director bancario de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

En sendas resoluciones a las que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla decreta el embargo de dos fincas, dos coches, un trastero y un garaje propiedad del abogado Carlos Leal Bonmati, del Estudio Jurídico Villasís, para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 34.826.575 euros.

Además, el juzgado ordena el embargo telemático sobre los saldos bancarios que ostente el imputado en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

La medida se decreta al no haber designado el imputado, cuyo bufete tramitaba los expedientes investigados por la juez Mercedes Alaya, bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo ni haber consignado cantidad alguna hasta la fecha.

Respecto a Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de la Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra presuntamente utilizada por los imputados, el juzgado decreta el embargo de seis pisos o fincas rústicas en las localidades de Constantina y Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla, y otras dos en Benalmádena y Torrequebrada en la Costa del Sol malagueña.

En su caso el objeto es hacer frente a la fianza civil de 1.333.000 euros impuesta tras su declaración como imputado en octubre del 2013.

El juzgado constata que la cantidad a afianzar no es suficiente, por lo que ordena la averiguación integral de bienes del imputado a través del sistema informático del Consejo General del Poder Judicial.

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