Barcelona.- La juez que investiga uno de los "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) vinculado a imputados por la Operación Pretoria ha encargado un informe pericial para calcular cuánto perdió el Ayuntamiento por esa operación y probar así si hubo delito de malversación pública.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Mataró (Barcelona) ha acordado solicitar ese dictamen al Colegio de Economistas de Cataluña después de que así se lo solicitara la Fiscalía para conocer el alcance de los fondos presuntamente malversados con este supuesto "pelotazo".
La operación urbanística que investiga la juez deriva de un convenio firmado en 2006 por la inmobiliaria Proinosa que preside Josep Singla, que permanece en libertad bajo fianza tras ser detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su Operación Pretoria contra una trama de operación urbanística.
Por ese "pelotazo", que fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres, están imputados el ex alcalde de Sant Andreu Víctor Ros (PP) y el ex concejal socialista Antonio Jiménez, también encausados por Garzón en la Operación Pretoria.
Concretamente, el convenio que está bajo sospecha permitió a Proinosa comprar al Ayuntamiento por 11,5 millones de euros -precio considerado inferior al del mercado- unos terrenos para construir la nueva zona deportiva, pero el consistorio no cobró por la compra, sino que aceptó que Proinosa la compensara con los equipamientos que construyera.
Cuatro años después, la nueva zona deportiva que Proinosa se comprometió a edificar en virtud de ese convenio con el consistorio, que no fijó plazo límite para la ejecución de las obras, cuenta tan sólo con un campo de fútbol y aún no se ha colocado ni una piedra del pabellón ni del resto de instalaciones previstas.
Por este motivo, el informe encargado por la juez pretende cuantificar qué rendimientos económicos habría podido obtener el ayuntamiento desde 2006 hasta la actualidad si, en lugar de pactar la compensación con Proinosa, hubiera destinado esa cantidad "a su depósito en una entidad financiera para obtener una rentabilidad, conforme a los tipos de interés medios vigentes en el mercado".
De esa forma, se calculará el dinero que las arcas municipales han dejado de ingresar por el convenio con la inmobiliaria de Singla, lo que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, podría probar la comisión de un delito de malversación pública por parte de los imputados, a quienes la fiscalía de momento acusa de prevaricación.
En la misma providencia, la juez instructora llama a declarar a Josep Singla como testigo para el próximo mes de abril con el fin de aclarar las irregularidades que se apuntan tras la operación urbanística acordada por el Ayuntamiento y Proinosa.
Otra de las cuestiones que se tratan de aclarar en la investigación judicial es si los terrenos cedidos a Proinosa se valoraron en un precio inferior al del mercado: 11.589.840 más IVA, cantidad en que el consistorio calculó el presupuesto de ejecución de las obras de la nueva zona deportiva.
De hecho, fuentes próximas al caso han explicado a Efe que la empresa inmobiliaria ha presentado esos terrenos como aval para obtener un crédito sindicado en diferentes entidades y, en la tasación independiente, se han valorado en 13 millones, cantidad bastante superior a la fijada por el consistorio en 2006, sobre todo teniendo en cuenta el desplome de los precios de los últimos años.
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