Sevilla, 28 ene.- El juzgado de instrucción 8 de Sevilla ha elevado al Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada para que se pronuncie sobre la posible imputación del alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz (PP), por presuntos pagos a un concejal de su partido por servicios inexistentes, informaron a Efe fuentes judiciales.
La instructora del caso, Reyes Flores, se inhibió ante el Supremo por la condición de aforado de Sanz, los imputados recurrieron de forma subsidiaria en apelación la medida, y la Audiencia Provincial se pronunció finalmente pidiendo a la magistrada que enviara una exposición razonada al Supremo.
La sección tercera de la Audiencia, en un auto dictado el pasado 22 de enero, estimó parcialmente el recurso presentado por el concejal de Presidencia de Tomares, Eloy Carmona, y declaró nulo el auto de la instructora que acordó inhibirse a favor del Supremo.
La Audiencia rechazó la forma en la que la juez tomó su decisión y le indicó que, en vez de inhibirse al Supremo, tenía que remitirle "una exposición razonada sobre los indicios de criminalidad que, en relación con los hechos investigados en este procedimiento, haya apreciado en la actuación del senador José Luis Sanz, a los que podrá acompañar los testimonios que justifiquen su valoración".
En su resolución, la Audiencia solicitó a la titular del juzgado de instrucción 8 que empleara la misma fórmula que la juez Mercedes Alaya empleó cuando envió al Supremo la causa de los ERE por la posible implicación de varios aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En un auto del pasado mes de julio, la jueza señaló que existían indicios de que Sanz "tenía claro conocimiento" de la actividad que realizaba el concejal Juan Campos, quien "frecuentaba su despacho", y además el alcalde intervenía en las propuestas de gastos, por lo que no se puede "descartar su participación o al menos conocimiento de los hechos".
La juez indicó entonces que la causa debía remitirse al Tribunal Supremo "en salvaguarda de los propios derechos e intereses" de Sanz, al ser senador y aforado.
Sanz fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación por los dos periodos en los que Campos trabajó para el Ayuntamiento: en el primero, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando recibió directamente una retribución del Consistorio, y el segundo entre enero del 2010 y junio del 2011, cuando fue contratado por la empresa que trabajaba para el Ayuntamiento por orden, presuntamente, del imputado Eloy Carmona.
Por esta causa ya están imputados el propio Campos y otros tres concejales del PP: Eloy Carmona, concejal de Presidencia y portavoz del PP en la Diputación de Sevilla; la concejal de Urbanismo Pilar Domínguez y la actual responsable de Cultura Mercedes Fuentes.
Entre los hechos presuntamente delictivos, la juez recogió que, según la investigación policial, las fotografías que se adjuntaban a los informes de Campos fechados en los años 2007 y 2008 "fueron tomadas con posterioridad, en los años 2011 y 2012".
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