Madrid, 9 dic.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe resolver si la Diputación de Ourense debe devolver 10,1 millones de euros de fondos europeos que le reclama la Dirección General de Fondos Comunitarios del Gobierno de España a raíz de una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha aportado esta información en su respuesta a la diputada socialista Laura Seara, quien le ha pedido que arroje luz sobre "un caso horrendo", sobre "una vergüenza" que esconde, en su opinión, que en la Diputación de Ourense ha habido fraude en la gestión de fondos públicos.
En concreto, de los 10,1 millones de euros de fondos comunitarios recibidos para la construcción de depuradoras en los proyectos Daredo y Deputrans.
Beteta ha subrayado la firmeza del Gobierno contra aquellos que, sean del PP o el PSOE, tengan alguna responsabilidad en la gestión irregular de fondos públicos y ha negado "complicidad" alguna del Ejecutivo con este tipo de casos.
Según ha explicado, la Dirección General de Fondos Comunitarios dependiente del Ministerio de Hacienda inició el proceso para pedir el reintegro de ese dinero, rechazó las alegaciones de la Diputación de Ourense y activó el procedimiento para el cobro.
La Diputación solicitó el aplazamiento y la compensación de la deuda y la Dirección General de Fondos Comunitarios propuso una compensación de 4,9 millones con cargo a Fondos Feder que la institución provincial tenía asignados pero aún no había recibido, de modo que el reintegro sería de 5,1 millones.
El 20 octubre de 2014 el Ministerio recibió la aceptación de la Diputación, pero prácticamente al mismo tiempo conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había admitido a trámite un procedimiento contencioso-administrativo de la Diputación y había acordado la suspensión cautelar de la ejecución del reintegro de los fondos.
"Estamos a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia decida", ha planteado Beteta, quien ha eludido pronunciarse sobre la vía penal abierta contra los responsables de la gestión de esos fondos por no ser competencia del Ministerio.
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