La justicia deja desprotegidas a las víctimas de violencia de género frente a su agresor

La carta que escribió Sara, una mujer víctima de la violencia de género, antes de suicidarse que ha sacado hoy a la luz el diario 'El Mundo' ha reavivado la polémica de la desprotección que sufren las mujeres que sufren abusos dentro de la pareja. "Desde la sociedad civil especializada hemos venido denunciando de manera sostenida que los procedimientos judiciales no consiguen garantizar la protección de la víctima", avisa Marisa Soleta directora del Observatorio de la Violenciay la Fundación Mujer.

Una de las grandes pesadillas por las que tuvo que pasar Sara fue el acoso al que la sometió su agresor, Crhistian, en las redes sociales. No sólo utilizaba internet para intentar ponerse en contacto con su víctima, y con su familia y amigos, si no que también creaba perfiles falsos de Sara que usaba para descalificarla y denigrarla. Y es que, hasta la entrada del nuevo código penal del pasado 1 de julio las penas por acoso en al red eran difusas.

En teoría, a partir de ahora las mujeres estarán más protegidas frente a este tipo de abusos en internet aunque Soleta se toma con cautela esta nueva legislación. "Habrá que ver la aplicación que se hace de este nuevo delito en los procesos judiciales", apostilla. Según la nueva norma, las autoridades podrán castigar a los agresores con la inutilización de dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de la ley. También se penará la divulgación no autorizada de imágenes íntimas de la víctimas aunque hayan sido obtenidas con el consentimiento de la misma.

A pesar de todo, la actual normativa de órdenes de alejamientos contempla también la nula comunicación entre víctima y agresor, por lo que un contacto a través de Facebook debería considerarse como un incumplimiento de la orden. Sin embargo, la realidad es que la desprotección de las mujeres maltratadas va en aumento y se han venido dando datos reveladores que muestran cómo se están produciendo más sobreseimientos de casos o cómo han disminuido las órdenes de protección.El problema de las denuncias falsas

Para Soleta, "el dispositivo judicial presenta muchas deficiencias" y deja a las víctimas desprotegidas ante sus agresores. La directora denuncia que últimamente la sociedad se ha dejado cautivar por el discurso de las denuncias que finalmente resultan ser falsas que han fomentado aún más el desamparo y la incredulidad a la que se enfrentan las mujeres cuando van al juzgado a denunciar.

La realidad es que, según datos de la Fiscalía General del Estado, tan sólo el 0,01% de las denuncias por malos tratos presentadas están siendo investigadas para ratificar su veracidad. Por tanto, en caso de que todos esos casos resultaran ser denuncias falsas, igualmente supondrían un porcentaje marginal en proporción.

Soleta denuncia que "las estrategias del agresor incluyen un amplio abanico de modalidades de acoso que la justicia debería tener en cuenta". Las mujeres no solo se enfrentan al maltrato físico, sino que también sufren violencia económica consistente en dejar a la víctima sin ningún recurso de manera que siempre dependa de su agresor para subsistir.

Ese fue el caso de Sara, quien dejó de cobrar el subsidio por desempleo cuando su agresor la denunció ante las oficinas del INEM por cobro ilícito del paro. El ente público le impuso entonces una multa de 20.000 euros y el dinero que ingresaba como víctima de violencia machista quedaba inmediatamente embargado para cubrir esa deuda.

Soleta dice desconocer el caso concreto de Sara y no se atreve a diagnosticar qué paso exactamente con ese dinero, pero sí que asegura que conseguir el reconocimiento de víctimas en las oficinas de empleo público estatal es complicadísimo. "No es como la gente se piensa de denunciar a la Policía, ir al Inem y ya lo tienes, es un proceso muy laborioso", afirma.

La directora de la fundación asegura que la ley vigente presenta grandes deficiencias. Dice que es importante que las mujeres operen dentro de una "sensación de credibilidad y de seguridad" cuando llegan al juzgado a denunciar para no desincentibarlas a señalar a su maltratador.

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