La fiscalía acusa a Mas de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la organización de esta consulta sin valor legal en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.
Su declaración deberá producirse el 15 de octubre, informaron fuentes judiciales.
En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
Esta imputación "es la mejor demostración de porqué tenemos que ser un país independiente", aseguró a una radio el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras. Esta formación, junto al partido conservador de Mas (CDC), forman la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones del domingo.
"Mientras formemos parte del Estado español, cuestiones que deberían ser muy normales en cualquier país del mundo, como consultar las opiniones de los ciudadanos, se convierten en querellas, imputaciones y citaciones", añadió.
La fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta, gestionada por voluntarios pero en la que se invirtieron medios públicos, como escuelas, y se creó una página web para explicar el funcionamiento del voto.
Dos días antes que Mas, deberán declarar también como imputadas la encargada de Enseñanza del ejecutivo en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta catalana, Joana Ortega, encargada de todo el dispositivo de la votación.
Su ejecutivo, que desde 2012 pedía la organización de un referéndum de autodeterminación denegada por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó su celebración, a pesar de que el Tribunal Constitucional, recurrido por Rajoy, la había prohibido de forma cautelar para estudiar si se adaptaba a la legalidad.
En junio, esta corte certificó su ilegalidad porque "una comunidad autónoma no puede convocar ni realizar actuaciones que auspicien la convocatoria de una consulta popular, aun no refrendaria, que desborde el ámbito de las competencias propias", entre las que no se encuentra la integridad territorial del país.
Si finalmente fuera juzgado y condenado por desobediencia, Mas podría ser inhabilitado de la función pública.
Al no poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del pasado domingo para convertirlas en una especie de plebiscito a su plan para separar Cataluña del resto de España en 2017.
A ellas se presentó con la coalición Junts pel Sí, que reunió a partidos independentistas de derecha e izquierda, asociaciones civiles y personalidades de la región como el técnico del Bayern de Múnich Pep Guardiola.
Esta coalición obtuvo 62 escaños, por debajo de la mayoría absoluta del parlamento regional (68), por lo que necesitarán del apoyo del partido de izquierda radical independentista CUP, que consiguió diez diputados.
Esta dependencia ponía en peligro la continuidad de Artur Mas como presidente, dado que la CUP se mostró contraria a darle su apoyo por las políticas de austeridad aplicadas por su ejecutivo durante la crisis. Esta pequeña formación mostró su solidaridad.
"Mi solidaridad entera ante un Estado neurótico, demófobo, autoritario e inquisitorial", tuiteó el diputado saliente de esta formación, David Fernández, ante la decisión judicial.
dbh/mck/pc
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios