La justicia española imputa al presidente catalán por la consulta independentista

"Estamos ante un juicio político", dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona.

"Hay enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente (...) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo", denunció.

La fiscalía se querelló contra Mas y dos miembros de su antiguo ejecutivo por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.

El presidente, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre.

En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).

Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.

Esta citación "es la mejor demostración de porqué tenemos que ser un país independiente", aseguró a una radio el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras, aliado de Mas en la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones.

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.

Mas, que desde 2012 pedía la organización de un referéndum de autodeterminación denegada por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó esta consulta sin valor legal a pesar de la prohibición cautelar del Tribunal Constitucional, recurrido por el ejecutivo central.

En junio, esta corte certificó su ilegalidad argumentando que un gobierno regional no puede organizar cualquier tipo de consulta sobre cuestiones que superen sus competencias como la integridad territorial del país.

Al no poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del pasado domingo para convertirlas en una especie de plebiscito a su plan para separar Cataluña del resto de España en 2017.

Mariano Rajoy repitió insistentemente que defenderá la "legalidad" y no permitirá la ruptura del país. Para ello, su formación, el Partido Popular (conservador), con mayoría absoluta, presentó una controvertida reforma urgente del Tribunal Constitucional.

La ley, que se debatirá el jueves en el parlamento nacional, permitiría a este tribunal, dominado por jueces conservadores, suspender a cualquier autoridad pública que desobedeciera sus resoluciones.

La convocatoria se produjo mientras empiezan las negociaciones entre Junts pel Sí y el otro partido independentista, la izquierda radical CUP, cuyos diez escaños serán necesarios para formar gobierno.

Esta dependencia pone en peligro la presidencia de Artur Mas, dado que la CUP se mostró contraria a apoyarle por las políticas de austeridad aplicadas por su ejecutivo durante la crisis.

Pero, el martes, esta pequeña formación mostró su solidaridad.

"Estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones de un país por parte de un Estado demofóbico", dijo el partido en un comunicado, advirtiendo que "la desobediencia vivida el 9 de noviembre será una práctica habitual de ahora en adelante".

Las negociaciones entre ambas formaciones deberían empezar este martes en vistas a escoger un presidente regional en la primera sesión de votación, programada como máximo en treinta días hábiles después de las elecciones.

Mientras, las asociaciones independentistas Omnium y ANC, también en la lista Junts pel Sí, consideraron tener un mandato "para la construcción de la república catalana". "No hay marcha atrás", advirtieron.

Desde Escocia, Alex Salmond, jefe del gobierno regional durante el referéndum de independencia de 2014, aconsejó calma a los nacionalistas catalanes.

"Tienen un mandato democrático. Lo que necesitan ahora es construir deliberada y tranquilamente la aceptación internacional de la legitimidad de sus aspiraciones", añadió.

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