La justicia europea censura la legislación antiterrorista británica

Estrasburgo (Francia).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy al Reino Unido por considerar que la ley antiterrorista en vigor desde 2001, que permite a la policía detener y registrar a cualquier persona sin dudas razonables, infringe el derecho a la vida privada y es arbitraria.

El hecho de que los registros se puedan llevar a cabo en lugares expuestos al público acarrea "humillación y embarazo" ilegítimos, destacó el tribunal en su sentencia.

"Un individuo puede ser detenido en cualquier lugar y en cualquier momento sin ningún aviso ni darle opción a si acepta ser sometido a un registro", subrayó.

Esa intromisión en la intimidad, indicó la sentencia, "no se puede comparar con los registros a los viajeros en los aeropuertos", que saben que su equipaje y él mismo va a ser objeto de examen porque han decidido subirse a un avión.

Los jueces europeos también reprocharon a la legislación antiterrorista británica que "la amplia discrecionalidad" que confiere a la policía "no se ha encuadrado con garantías legales suficientes que ofrezcan al individuo una protección adecuada contra interferencias arbitrarias".

En primer lugar, porque la autorización para que el policía lleve a cabo una detención o un registro no conlleva que la una y el otro sean "necesarios", sino que se puede basar en la "intuición profesional" del agente.

"No sólo es innecesario para él demostrar la existencia de una sospecha razonable, sino que ni siquiera se le requiere que sospeche subjetivamente algo de la persona detenida y registrada", denunció el Tribunal de Estrasburgo.

La jurisdicción europea se mostró "impactada" por las estadísticas y otras evidencias sobre el recurso a esta competencia policial de la legislación antiterrorista, ya que el número de registros contabilizados por el Ministerio de Justicia británico se dispararon de los 33.177 en 2004 a 117.278 en 2008.

A la vista de esos elementos, consideró que en las secciones 44 a 47 incriminadas del Acta de Terrorismo de 2000 "hay un riesgo claro de arbitrariedad al ofrecer una tan amplia discreción a los agentes de policía".

El origen de este dictamen es una demanda de un hombre y una mujer, ambos británicos, que el 9 de septiembre de 2003 fueron detenidos y registrados por la policía en virtud de ese dispositivo legal cuando se dirigían a una manifestación en la zona de los Docklands de Londres.

Kevin Gillan y Pennie Quinton, esta última periodista, fueron detenidos durante 20 y 30 minutos respectivamente, y presentaron denuncias por esos hechos, pero fueron rechazadas primero por el Tribunal de Apelación y luego por la Cámara de los Lores.

El Tribunal de Estrasburgo, que ahora les ha dado la razón, también les ha atribuido 33.850 euros en concepto de costas judiciales.