La marcha de gallardón hace que el futuro de la ley orgánica del poder judicial sea una "incógnita"

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández considera que el futuro del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya pasó el trámite de información del órgano de gobierno de los jueces, es una “incógnita” tras la dimisión de su impulsor, el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
En una entrevista concedida a Servimedia, Fernández aseguró que hasta el martes pasado, fecha de la marcha del ministro, la percepción que había en el Poder Judicial es que “el Gobierno iba a continuar su tramitación y la iba a llevar al Parlamento”.
En estos momentos, reconoció, “todo es una incógnita, no sabemos lo que va a suceder. Sería una especulación hablar sobre el futuro de este anteproyecto que ahora es una de las incertidumbres que se abren” con la marcha de Gallardón y su sustitución por Rafael Catalá.
Queda también en el aire, dijo, la profunda renovación y modernización que necesita la Justicia en España, “tanto en su estructura orgánica como en algunos ámbitos procesarles y en la necesaria y plena incorporación de medios tecnológico. Produce casi sonrojo”, añadió, recordar carencias que “no se dan en ningún ámbito ni público ni privado”.
En este terreno, el vocal cree que durante el mandato de Ruiz-Gallardón “ha habido un sincero deseo de llevar a cabo ese proceso de modernización”, aunque no se ha conseguido “concitar el esfuerzo de todos los colectivos y administraciones que están implicadas en el proceso”.
En el capítulo de reformas urgentes, Fernández citó la reforma “vital” del marco procesal que debe entrañar un nuevo modelo de organización judicial y de la instrucción que permita agilizar los procesos, siempre recordando que “los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los medios de comunicación o de la sociedad ante asuntos que generan enfado”.
Es el caso de los asuntos de corrupción para los que con frecuencia la sociedad reclama una respuesta “inmediata” que “no se puede dar, porque en un Estado de Derecho lo que se presume es la inocencia, y eso obliga al que acusa a hacer acopio de pruebas y exponerlas ante un tribunal”.
Tras destacar que los mayores retrasos se producen en la fase de instrucción, el vocal insistió en que “es urgente un nuevo marco procesal o y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal” que actualice el modelo de investigación para hacerlo más “acorde con esta necesidad de una mayor celeridad”.
En ese sentido, explicó que el Ministerio ya había comenzado a trabajar sobre el diseño de un nuevo Código Procesal Penal que “no llegó a convertirse en anteproyecto de ley”. Ahora, reconoció, “no sé qué ocurrirá con el nuevo equipo ministerial, aunque dado lo avanzado de la legislatura no parece previsible que se pueda impulsar” este proyecto y “probablemente habrá que esperar a lo que resulte de las siguientes elecciones”.