"La suspensión cautelar de licencias ha afectado 35 proyectos de establecimientos turísticos, cuyo futuro dependerá del nuevo plan urbanístico de alojamientos turísticos" que quiere aprobar el consistorio liderado por la alcaldesa Ada Colau, anunció el ayuntamiento en un comunicado.
Esta moratoria fue una de las primeras medidas tomadas por el equipo municipal de Colau tras vencer las elecciones locales del 24 de mayo al frente de una plataforma electoral integrada por miembros del movimiento "indignado" y partidos de izquierda radical como los antiliberales de Podemos.
Su objetivo era frenar la creciente saturación turística de la segunda ciudad española, de 1,6 millones de habitantes y visitada anualmente por 27 millones de personas, que en los últimos años había generado protestas vecinales, y elaborar un plan para hacer más sostenible esta actividad, que genera entre un 10 y un 12% del PIB municipal.
Sin embargo, la medida fue muy criticada por la oposición, que considera que crea inestabilidad jurídica y que impedirá la creación de empleos, y también por empresarios con proyectos en marcha que recurrieron la decisión ante la justicia.
Finalmente, 51 proyectos que ya estaban iniciados "podrán continuar los trámites" de construcción, señaló el ayuntamiento en su comunicado.
En el texto también aseguran que, de no haber aprobado esta suspensión temporal de licencias, el número de plazas hoteleras en esta ciudad mediterránea habría pasado de 74.480 a 87.991.
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