La nueva ley de evaluación ambiental vigilará los efectos sobre el cambio climático y del 'fracking'

El Consejo de Ministros aprobó este viernes remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental y que tendrá en consideración los efectos sobre el cambio climático y analizará los proyectos que requieran fractura hidráulica o 'fracking'.
Según explicó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior, con la nueva ley, el Gobierno mejora los procedimientos de evaluación ambiental al evitar dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.
Añadió que esta ley garantiza la protección del medio ambiente minimizando los impactos ambientales de los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo en todo el país y que pueden afectar al medio ambiente.
Además, señaló que se da un nuevo impulso al desarrollo sostenible, ya que se prevé generar unos 80.000 empleos, y supondrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente.
El ministro destacó que con esta ley se concentrarán los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos más significativos, configurando una evaluación más ágil y menos costosa en los proyectos de menor incidencia ambiental.
Ejemplo de ello, dijo, es que se someterán a evaluación de impacto ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o 'fracking'.
Por primera vez, el proyecto de ley introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el cambio climático, para lo cual deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.
Con esta ley se pretende simplificar igualmente los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología.
Cañete puntualizó que las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución son llamativas, calculándose que existen aproximadamente unos 10.000 documentos de esta naturaleza en toda España, cuya duración media en la Administración General del Estado es de 3,4 años.
Por ello, y para dotar a la evaluación ambiental de mayor agilidad, se determinan con mayor precisión los trámites de los procedimientos administrativos y se ajustan los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de cuatro meses, evitando dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.
Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, con la obligación de que los órganos sustantivo y ambiental publiquen en sus sedes electrónicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.
HOMOGENEIZAR LA NORMATIVA
El ministro señaló que la nueva ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para lograr la homogeneización de la normativa en esta materia en todo el territorio nacional. En consideración a su complejidad técnica, se proporciona a las comunidades autónomas un plazo de un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general a esta norma.
Con esta finalidad se configura la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como foro para la propuesta y debate de las reformas legislativas necesarias para esta adaptación.
Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental.