Los grupos parlamentarios de la oposición han criticado este jueves en el Congreso de los Diputados la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de sancionar a los medios de comunicación que publiquen información sobre sumarios secretos y le han acusado de intentar"encubrir a los corruptos" matando al mensajero.
Durante el debate de la totalidad de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), el ponente del PSOE, Manuel de la Rocha, ha criticado el intento "consciente o inconsciente" del Ejecutivo --evidenciado con las declaraciones del titular de Justicia-- de limitar el derecho a la libertad de expresión para tapar "algunos de los problemas de corrupción" que tiene su partido.El partido con más imputados
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha recordado que el PP es el partido "con mayor número de imputados por corrupción" por lo que resulta inquietante que plantee "recortes a la libertad de expresión con multas a los medios".
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, se ha preguntado si el Gobierno prefiere dedicar recursos a sancionar a los medios en lugar de a perseguir casos de corrupción. Ha precisado que su grupo ha registrado tres preguntas parlamentarias destinadas a aclarar las intenciones del Ejecutivo en este punto.
La "reflexión" del ministro también ha sido objeto de las críticas del representante de Izquierda Plural, el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha advertido que "las derrotas no cambian por matar al mensajero", por "mucha mordaza a los ciudadanos y al mensajero".
Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) calificó como "un ataque inadmisible a la libertad de prensa" la sugerencia del ministro de Justicia Rafael Catalá de sancionar a los medios que difundan filtraciones judiciales.
"El deseo de Catalá de controlar lo que ocurre en su administración no puede derivar en sanciones a quienes las publican. Las filtraciones deberían ser perseguidas en su origen, en la Administración, y no en las redacciones. Este debate no es sino un ataque injustificado a la libertad de prensa", advirtió AEDE en un comunicado.
Además, asegura que "el artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho a la información ha de estar por encima de los intereses particulares o de gobiernos".
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