Guatemala.- La pareja presidencial de Guatemala ha demostrado que así como en el amor y en la guerra, en la política también todo vale, al optar por un polémico divorcio para evadir una prohibición constitucional que impide a la primera dama, Sandra Torres, ser candidata a la primera magistratura.
La decisión, que ha convulsionado a los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca que por diversos medios han manifestado su rechazo, dejaría el camino libre a Torres para aspirar a sustituir a su marido en caso de que logre ganar las elecciones de septiembre próximo.
El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, guarda silencio respecto a la demanda de divorcio presentada el pasado 11 de marzo ante el Juzgado Segundo de Familia de la capital del país, en tanto que la aún primera dama ha asegurado que la decisión "es un sacrificio familiar y personal".
"Esta es una de las decisiones más importantes de mi vida, pues implica un sacrificio familiar y personal. Nuestro amor con el Presidente es más sólido que nunca, y jamás ha estado sujeto a ningún papel. Sin embargo, el amor a Guatemala y nuestro compromiso con los más necesitados, lo es aún más", justificó Torres en un mensaje grabado difundo el martes en los medios locales.
Cuando el pasado 8 de marzo Torres reunió a un puñado de sus seguidores en el salón comunal de un barrio pobre de la periferia oeste de la capital para anunciar que en atención "al clamor popular" aceptaba ser candidata a la Presidencia, nadie se sorprendió de la noticia.
Desde los inicios de la administración de Álvaro Colom, en enero de 2008, las aspiraciones de la primera dama por suceder a su esposo empezaron a ser objeto de comentarios y hasta de bromas en diferentes círculos políticos y sociales del país.
Lo que se desconocía era la estrategia que la pareja presidencial pondría en marcha para satisfacer los deseos de Torres, que encontraban un insuperable obstáculo en el artículo 186 de la Constitución que prohíbe a los parientes del presidente en funciones ser candidatos a la primera magistratura.
No se sabe con precisión en qué momento los Colom tomaron la decisión de optar por el divorcio, pero fuentes del oficialista partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) habían confiado a Efe desde principios de este mes que esa era la "solución más viable".
La otra opción, "más complicada" según las fuentes, hubiera sido persuadir a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para que interpusiera el artículo 136 de la Constitución, que garantiza el derecho de elegir y ser electo, al 186 que contiene la prohibición, y con ello permitir la candidatura de Torres.
"El costo político hubiera sido muy alto, por eso se optó por el divorcio", explicó la fuente de la UNE.
La separación legal de los Colom es cuestión de días. La jueza Midrel Roca, titular del juzgado que conoce la demanda, dijo el martes que el divorcio podría concretarse después de que se realice una "junta conciliatoria" entre los cónyuges en menos de un mes.
Sin embargo, opositores y juristas aún le apuestan a que la fotografía de Torres no aparezca en la papeleta con la que los guatemaltecos emitirán su voto, ya que aseguran que al divorciarse la pareja habría incurrido en el delito de "fraude de ley".
Es decir, buscaron la separación legal para evitar la prohibición constitucional, lo que según el abogado Alejandro Ballsels, del Centro para la Defensa de la Constitución, puede ser invocado para impedir la inscripción de Torres como candidata.
De momento, los Colom, que al divorciarse hacen historia en la política de América Latina, afrontan fuertes críticas de "inmoralidad" de parte de los sectores más conservadores del país que los acusan de "atentar contra la institución de la familia por un interés personal y político".
Eso, según el sociólogo Virgilio Álvarez, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, "es relativo", ya que, según dijo a los periodistas, "la moral y la política no siempre van de la mano".
"Hay que discutirlo en función de la práctica política no de la práctica familiar", señaló el académico.
Por Carlos Arrazola
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