La polémica factura sanitaria 'informativa' para los pacientes pasa a mejor vida

La entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció en junio de 2010 una medida polémica, que ocupó durante mucho tiempo titulares en la prensa. Los usuarios del Sistema Nacional de Salud comenzarían a recibir lo que el Gobierno socialista denominó la 'factura informativa'. El objetivo de la iniciativa era informarles a los españoles del precio de ir al médico y recordarles que acudir a la consulta y someterse a estudios médicos e intervenciones quirúrgicas no era gratis.El anuncio, que buscaba controlar el gasto sanitario, generó una catarata de detractores.

A pesar de ello, nació la también llamada 'factura en la sombra'. Los habitantes comenzaron a recibirlas en sus domicilios, con un particular desglose del coste de determinadas intervenciones médicas. 'Parto sin complicaciones: 1.600 euros'. 'Cesárea: 3.000 euros'. 'Resonancia magnética: 100 euros'... Obviamente, los pacientes no debían pagar esos montos en un sistema "universal, gratuito y obligatorio", pero el Gobierno socialista de entonces sí pretendía que sean conscientes del gasto que implicaba para las arcas públicas la atención sanitaria a la población. La finalidad era evitar el derroche, dosificar los recursos sanitarios y optmizarlos, e 'invitar' al usuario a hacer un uso racional de los mismos, según los artífices del proyecto.

Pero todo ha quedado en agua de borrajas. Seis años después de la implementación de esa controvertida disposición, solo dos comunidades autónomas siguen con este sistema: Andalucía y la Comunidad Valenciana. Para el resto, la factura informativa ha pasado definitivamente a mejor vida. Galicia fue de las primeras comunidades en llevarla adelante, pero pronto suspendió esta iniciativa.

Cataluña lo ha intentado durante años. Su implementación fue anterior, incluso,a la idea de Trinidad Jiménez, que buscaba un "instrumento pedagógico" para hacer reflexionar a los habitantes. Comenzó a aplicarse en la última etapa de Jordi Pujol. Finalmente, fue retirada por completo. Esta práctica ya no se realiza en ningún hospital público del sistema catalán de salud.

Baleares, según informa el portal Redacción Médica, intentó implantar el sistema, pero finalmente sólo se llegó a llevar a cabo en un hospital, el Son Llàtzer, en Mallorca. Ya no se hace más. En Madrid, por su parte, solo se realiza en algunos centros de colaboración público-privada. Pero en ningún gran hospital público continúa esta práctica.Tarifas "aporximadas"

Uno de los grandes obstáculos que impidió que el sistema prosperara fue el de intentar fijar "tarifas aproximadas" por cada intervención médica, que diferían en el territorio nacional por un sinfín de motivos. En este sentido, el sistema partíadel presupuesto global de un hospital, y del número de procedimientos de cada tipo que realizaba al año. Baremando estas pruebas y dividiendo el total, se sacaba un coste aproximado de cada intervención. Pero esos costes reales diferían del precio que las administraciones estaban obligadas a hacer público, por ejemplo, para 'cobrar' a las mutualidaes o a otros países extranjeros, en los casos puntuales donde se atendían foráneos que venían de visita a España.

Varios han sido en estos años los detractores de la factura en la sombra. Otros, es verdad, llegaron a aplaudir la medida. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llegó a manifestar que concienciar a los consumidores y pacientes de lo que cuesta el acto médico y las medicinas era "básico porque el dinero que se utiliza para financiar ambas cosas es de todos y sale de los impuestos".

La Organzación Médica Colegial la catalogó de "positiva" hace más de un lustro, por ser "una herramienta más" para proteger entre todos la "joya de la corona". Pero, más allá de las voces a favor y en contra de la medida, cierto es que la 'factura informativa' ya no existe en casi todo el territorio español.

Intentar develar cuánto ha costado a cada Comunidad ponerla en práctica en estos años, resulta imposible. En cada región tuvo suerte dispar. Algunas, como Aragón y Cantabria, por ejemplo, nunca llegaron a implementarla. En otras tuvo corto recorrido o fue una experiencia piloto. Más allá de las cifras, ya es pasado.