La recaudación de los 'gorrillas' de Murcia podrá ser requisada por la Policía Local, según explica la nueva ordenanza reguladora de actividades o conductas en el espacio público del municipio. Desde el Ayuntamiento, aseguran que la medida se ha aprobado a petición de la ciudadanía y tras comprobar que, con frecuencia, estos aparcacoches ilegales no pagaban las multas.
Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia, ha explicado que esta ordenanza se ha aprobado de acuerdo a las demandas de los vecinos, con el fin de alvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a transitar por el municipio "sin ser molestados o perturbados contra su voluntad y garantizar la libre circulación de personas y la protección de menores".
De esta forma se pretende evitar en la vía pública toda práctica coactiva o de acoso, que se manera intencionada impidan el libre tránsito de los ciudadanos por espacios públicos y todo ofrecimiento de bienes o servicios a personas que se encuentran en el interior de sus vehículos, como limpieza de parabrisas, ofrecimiento de objetos y actividades no demandadas de aparcacoches. Primero se les pedirá que dejen esa actividad, después se les denunciará si continúan en su actitud y no abandonan, lo que conllevaría una sanción económica, y se les podrá remitir a la autoridad judicial por infracción de la ley, en este caso por desobediencia.
Los agentes procederán al decomiso
La infracción leve supondrá una sanción de 750 euros, la grave, de 751 a 1.500 euros y la muy grave de 1.501 a 3.000 euros. El Ayuntamiento informará, tanto por agentes de autoridad como por los Servicios Sociales, de las ayudas para la inclusión social existentes a todos los que ejerzan las conductas tipificadas por esta ordenanza.
La principal novedad de esta normativa es que, en todo caso, los agentes de Policía Local procederán al decomiso de los medios empleados para desarrollar sus conductas antijurídicas, así como de los beneficios obtenidos por la realización de estas prácticas, incluido el dinero.
Así, los bienes decomisados se depositarán a disposición de la autoridad policial competente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.
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