La policía nacional desarticula una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Captaban a jóvenes africanas en sus países de origen ofreciéndoles la posibilidad de estudiar en Europa.
Según informó este domingo la Policía Nacional, el testimonio de una de las víctimas ha permitido a los investigadores detener a 18 miembros de esta red en Málaga (12), Madrid (3), Sevilla y León (2). Declaró a los policías que a su llegada a España sufrió palizas y agresiones sexuales hasta que accedió a prostituirse para saldar la deuda contraída.
La investigación se inició en Málaga en julio de 2011, a raíz del testimonio de una mujer de nacionalidad nigeriana. Denunció ante los agentes que fue captada en su ciudad de residencia de Nigeria en el año 2000 por una compatriota suya residente en España. Esta mujer le ofreció la posibilidad de trasladarse a Europa a estudiar, comprometiéndose a sufragar los gastos de manutención, estudios y trayectos como un favor a su familia.
Para viajar a España la organización obtuvo un visado fraudulento. Con esta documentación iniciaron el viaje y, tras un largo periplo por diversos países subsaharianos, llegó a España pasando previamente por Italia.
Una vez en España, la “captadora” explicó a la joven nigeriana que para sufragar los gastos ocasionados por el viaje tenía que ejercer la prostitución. La víctima se negó en principio pero, tras sufrir numerosas palizas y agresiones sexuales por parte de hombres de la propia organización criminal, accedió finalmente a prostituirse.
DEUDA DE 55.000 EUROS
El importe reclamado por los miembros de la organización derivado de los gastos del traslado a Europa oscilaba entre los 50.000 y los 55.000 euros. Además de las agresiones físicas y sexuales, amenazaban a las víctimas con prácticas de vudú o bien con asesinar o incendiar la vivienda de sus familiares directos en su país. Para cobrar la deuda retiraban a las víctimas el dinero obtenido de la prostitución, les imponían multas si no pagaban la cuota estipulada en los plazos de tiempo establecidos y les cobraban un alto precio por alquiler de la habitación en la que residían por la manutención.
Otros miembros de la organización se dedicaban a la falsificación de documentos y a la celebración de matrimonios de conveniencia para la obtención de la residencia legal en España. Mediante esta práctica de matrimonios falsos la organización lograba documentar legalmente a sus víctimas en España y que residieran permanentemente en el país como familiares de ciudadanos comunitarios.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo II de la Brigada Central de Redes de Inmigración y de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Oviedo, Málaga (UCRIF y GOE II), Madrid (UCRIF y GOE II), Sevilla (GOE II) y León.