La presidenta del Consejo de Transparencia promete independencia sin "carnés"

  • La recién elegida presidencia del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, Ester Arizmendi, se ha comprometido a trabajar con independencia, plena libertad y sin "carnés" al frente del órgano que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia que entra en vigor el próximo 10 de diciembre.

Madrid, 20 nov.- La recién elegida presidencia del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, Ester Arizmendi, se ha comprometido a trabajar con independencia, plena libertad y sin "carnés" al frente del órgano que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia que entra en vigor el próximo 10 de diciembre.

"Me siento orgullosa de mi independencia", ha asegurado Arizmendi en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso que ha aprobado su nombramiento, propuesto el pasado viernes por el Gobierno, con los votos en contra del PSOE y UPyD.

La nueva presidenta del Consejo de la Transparencia ha dicho sentirse "libre" de cualquier compromiso político tras más de 30 años en la administración y haber trabajado en cargos de responsabilidad con gobiernos del PSOE y del PP.

"No he trabajado para todos, sino con todos", ha proclamado, al tiempo que ha garantizado que en esta nueva etapa pondrá "toda la carne en el asador" para que la ley cumpla sus fines.

Ha reconocido que la ley que entra ahora en vigor tiene algunos aspectos "difusos" y por eso intentará hacer una aplicación amplia para acercar lo máximo posible la información pública a todos los españoles sin que haya ciudadanos "de primera y de segunda".

A su juicio, una de las virtudes de la aplicación de la norma será que obligará a un "cambio de mentalidad" en la administración y en muchos funcionarios y permitirá "abrir ventanas" y que "caigan muros".

Se establece así que la información no es propiedad de la administración, sino una mera depositaria porque es propiedad de los ciudadanos.

Tras reconocer que la labor que tiene por delante va a ser difícil y que algunos países, como Suecia, le llevan a España más de dos siglos de ventaja, Arizmendi ha anunciado que su objetivo es en un Consejo de la Transparencia "modesto", compuesto por funcionarios "con ganas de trabajar" y expertos en atención al ciudadano.

Trabajará en un portal de la Transparencia "proactivo" que deberá identificar lo que más interesa a los ciudadanos y con una navegación sencilla y accesible, con toda la información a un sólo clic.

El nombramiento de Arizmendi no ha contado con el apoyo del PSOE, que considera que no cuenta con el prestigio y el "conocimiento de causa" necesarios para un puesto de tal relevancia.

"Lo que el Gobierno nos pide es un acto de fe", ha criticado la diputada socialista Susana Sumelzo, quien ha calificado de "lamentable" todo el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo para poner en marcha el consejo.

Para Sumelzo, la primera prueba que evidencia la "falta de credibilidad" de las acciones del Gobierno es la de adscribir el Consejo de Transparencia al Ministerio de Hacienda, un hecho que revela su escasa "seriedad" en el compromiso por la transparencia y la independencia de las instituciones públicas.

Por contra, el portavoz del PP, Pedro Ramón Gómez de la Serna, ha apoyado la candidatura por la "larga trayectoria" y la autoridad con la que cuenta Arizmendi.

Gómez de la Serna ha criticado que el PSOE rechazase pactar la ley y que se "bajase del tren de la transparencia" una vez que el PP asumió el Gobierno, a la vez que ha destacado que el borrador que redactaron los socialistas sí está incluido en el texto actual.

En su turno de réplica, la nueva presidencia del Consejo de la Transparencia ha insistido en su independencia y se ha comprometido a trabajar con todos los grupos parlamentarios y a comparecer en el Congreso en cuantas ocasiones sea requerida.

Tras la elección de su presidenta por un mandato de cinco años, en los próximos días serán elegidos el resto de miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que serán, entre otros, un diputado, un senador, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo.

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