Madrid, 13 jul.- Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa -relacionado con los conocidos "papeles de Laos"-, declarará mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el desvío de millones de euros de un contrato con el Gobierno de Angola obtenido por la Unión Temporal de empresas (UTE) Defex-Cueto.
García Paesa fue detenida el pasado jueves en Luxemburgo dentro de una operación contra los supuestos autores de este fraude en la que se arrestó a un total de diez personas, de las que cinco -directivos y exdirectivos de la UTE concesionaria- ingresaron el pasado viernes noche en prisión sin fianza por orden de Ruz.
La sobrina del exagente de Interior investigado en relación a las cuentas de Luis Roldán fue detenida en Luxemburgo, donde trabajaba en un despacho que supuestamente ayudó a desviar al menos 41 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de suministro de material policial a Angola, suscrito por un total de 152 millones de euros.
El despacho de abogados creó supuestamente una estructura financiera para blanquear los fondos desviados en un periodo temporal que abarca de 2008 a 2012, para lo que usó paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.
Según relata el juez en el auto de prisión del pasado viernes, el contrato con el país africano se firmó en junio de 2008 y de acuerdo al mismo las empresas españolas se comprometían a suministrar vehículos, uniformes, equipamientos de comunicación y demás material a la Policía Nacional de la República de Angola, con un beneficio de partida para las empresas de entre 200 y el 300 por ciento.
Al juez no le consta la manera en que se tramitó la concesión, adjudicada "en condiciones absolutamente desfavorables" para Angola, y destaca que mientras que el gobierno angoleño pagó los 152 millones de euros, "no se puede afirmar que el contrato se haya cumplido".
Esto último lo explica en que, por un lado, se desviaron 41,4 millones a Luxemburgo "sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna" y en que las empresas españolas solo pagaron 35 millones de euros a proveedoras de material policial.
Por ello, Ruz afirma que el principal motivo de la celebración del contrato de suministro era el enriquecimiento de los empresarios y también de familiares de funcionarios de la República de Angola.
Entre las personas que ingresaron el pasado viernes en prisión sin fianza figura José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, empresa perteneciente a la Sepi y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal, y falsedad documental.
El juez también envió a la cárcel a Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto, y a Manuel Iglesias-Sarria y a Angel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.
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