Atenas, 31 oct.- Los jefes de misión de la troika no regresarán a Atenas el próximo lunes, como estaba previsto inicialmente, a la vista de que el Gobierno de Andonis Samarás todavía no tiene listas algunas de las medidas que reclaman los acreedores.
"La troika estará en condiciones de reanudar la misión de revisión en Atenas una vez que haya recibido la información suficiente de las autoridades griegas como para poder mantener conversaciones políticas significativas en persona", señaló hoy a Efe el portavoz de la Comisión Europea en Atenas, Carlos Martín.
El primer ministro y su socio de coalición, el socialdemócrata Evángelos Venizelos, llevan desde este miércoles celebrando reuniones a dos bandas y con otros ministerios a fin de ultimar algunas medidas fiscales y otros de los puntos exigidos por la troika a cambio del próximo tramo de ayuda por 1.000 millones de euros.
La Comisión Europea no excluye que el retraso sea de tan solo unos días, pero lo hace depender de algunos puntos, como, por ejemplo, que esté lista la ley que contempla la unificación de los impuestos sobre los bienes inmuebles a partir de 2014.
La ley, acordada en principio ya en verano pasado, todavía no ha sido aprobada y en los últimos días han surgido problemas internos en torno a la ampliación de los casos en los que se aplicará este impuesto a los terrenos agrícolas -hasta ahora exentos-.
Un grupo de diputados conservadores se mostraron en contra de la propuesta del ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, de incluir los corrales, invernaderos o casetas de aperos, para poder lograr el objetivo de recaudar 2.900 millones de euros el próximo año a través de este impuesto.
Finalmente, el ministerio anunció escuetamente que no se aplicará a este tipo de edificios.
Entre los problemas que persisten entre la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional figura las diferencias sobre la cuantía del déficit de financiación que afronta Grecia el próximo año.
Los acreedores parten de un mínimo de 2.000 millones de euros, mientas que el Gobierno heleno no cree que la suma supere los 500 millones de euros.
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