La UE advierte que la mayoría de los inmigrantes desconocen sus derechos

Viena.- Desconocer los propios derechos es uno de los principales obstáculos para que se cumplan y un problema que afecta a buena parte de los colectivos más susceptibles de sufrir discriminación y abusos, según la conclusión de varios estudios de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE).

Esos informes, presentados hoy en Viena, advierten tanto de la falta de información sobre las instituciones de defensa de los derechos como de la reticencias por parte de las víctimas a denunciar los abusos.

Así, siete de cada diez inmigrantes o miembros de minorías desconocen la existencia de leyes que prohíben impedir el acceso a un comercio o restaurante por motivos étnicos, según un encuesta entre 23.500 personas de los 27 países de la UE.

Ese sondeo refleja que sólo el 39 por ciento de los encuestados sabe que existen leyes que prohíben la discriminación a la hora de solicitar empleo y únicamente el 31 por ciento es consciente de que no está permitida la discriminación en el acceso a la vivienda.

En el caso concreto de España, el 89 por ciento de los inmigrantes rumanos, el 84 de los sudamericanos y el 75 de los norteafricanos ignoran la existencia de esas legislaciones anti discriminación.

Igualmente, en toda la UE, el 82 por ciento de quienes afirman haber sido objeto de abusos no lo ha denunciado ante ningún organismo.

"Tenemos un problema", reconoció hoy en rueda de prensa Morten Kjaerum, director de la FRA en relación a estos datos. "Para empezar, el nivel de discriminación en Europa está más extendido y es más profundo de lo que habían pensado", advirtió.

El responsable de la FRA indicó que una de las estrategias para luchar contra este desconocimiento es la implicación de las autoridades locales para acercar los organismos de defensa de los derechos y "rebajar la dificultad de acceso" a esas instituciones.

En ese sentido, Nikiforos Diamandouros, defensor del pueblo europeo, aseguró que en España, el sistema de defensores del pueblo regionales "ha funcionado extremadamente bien" a la hora de hacer llegar a la población información sobre sus derechos.

Diamandouros se refirió en concreto al caso de Andalucía en la que, dijo, el defensor del pueblo, José Chamizo, ha sido "muy sensible" ante el tema de la inmigración y "ha sido capaz de anticipar y atender el impacto social de la inmigración".

"Hay que trabajar sobre el terreno", indicó el experto griego.

Con él se mostró de acuerdo Silvia Escobar, embajadora de España en materia de Derechos Humanos. "El nivel local es el fundamental, el ciudadano sólo se puede enterar de sus derechos a través de quien tiene cerca", opinó.

Sin embargo, Escobar reconoció que la existencia de diferentes administraciones puede provocar que se dupliquen esfuerzos y recordó que "hace falta nivel de coherencia respecto a la prioridades".

Por eso, defendió la importancia de políticas nacionales y puso como ejemplo las campañas de concienciación sobre la violencia contra las mujeres o de seguridad vial.