Madrid.- La Unión Europea pidió hoy aclaraciones a Israel sobre la entrada en vigor de la norma que abre la puerta a la deportación de miles de palestinos de Cisjordania que no tengan un permiso legal de residencia en este territorio.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en nombre de la presidencia de turno de la UE, anunció esta decisión en una rueda de prensa en Madrid junto con el primer ministro palestino, Salam Fayad, tras la reunión del comité de donantes de la Autoridad Nacional Palestina.
La petición de "clarificaciones" a Israel, ordenada por la Alta Representante de la Política Exterior de la UE, la británica Catherine Ashton, y por la presidencia española de la Unión, ha sido trasladada a través del jefe de la delegación de la UE en Tel Aviv, señaló Moratinos.
Una vez que Israel responda, "reaccionaremos", añadió el ministro.
España, a través de su Embajada en Israel, también ha solicitado aclaraciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu.
La nueva norma dictada por las autoridades israelíes posibilitaría la repatriación de residentes ilegales palestinos bajo un proceso administrativo que no requiere supervisión judicial.
Fayad calificó esta orden de "ilegal" y la consideró como una prueba más de la vulneración de los derechos del pueblo palestino por parte del "régimen de ocupación" israelí.
Esa no fue la opinión de la representante israelí en este foro de donantes de la ANP reunido ayer y hoy en Madrid, donde se reafirmó el compromiso de los asistentes con la solución del conflicto palestino-israelí y se aseguró más ayuda financiera.
Aunque Israel no es un país donante de la Autoridad Nacional Palestina, es uno de los participantes en este foro de coordinación.
Para la directora general adjunta de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Ilid Ben Abba, el malestar sobre las posibles deportaciones de palestinos es producto de una interpretación errónea por parte de los medios de comunicación.
Ben Abba subrayó que el Tribunal Supremo de Israel simplemente se ha limitado a modificar una normativa vigente desde 1969 e insistió en que no afectará a los residentes árabes que estén en los censos de población y sólo se centrará en los llamados "infiltrados.
Agregó que gracias a esta nueva orden los posibles afectados estarán mejor defendidos al poder acudir al llamado Comité de Vigilancia Jurídica para defender su situación.
Sin embargo, según denunció hoy el Centro Palestino para los Derechos Humanos en un comunicado "la nueva definición de infiltrado es tan genérica que convierte virtualmente a cualquier persona presente en Cisjordania en un posible criminal sujeto a ser deportado".
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